La Comisión de Hacienda del Senado no pudo llevar a cabo la discusión sobre el proyecto de ley de modernización de Carabineros este martes tras la inasistencia de las principales autoridades del Ministerio de Seguridad, según reportó La Tercera.
La ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al subsecretario Andrés Jouannet y la subsecretaria Ana Victoria Quintana, impidió el desarrollo de la sesión programada para las 10:30 horas. El hecho generó fuertes críticas entre los parlamentarios, especialmente dentro del propio oficialismo.
El senador Javier Macaya (UDI), presidente de la comisión, calificó la situación como “lamentable”. Por su parte, el senador Rodolfo Carter criticó la falta de compromiso de la autoridad, afirmando que “nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato”.
Desde el Gobierno, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN), ofreció disculpas a la instancia legislativa. García explicó que la ministra Steinert se encontraba participando en una actividad de la Policía de Investigaciones junto al Presidente José Antonio Kast.
La falta de coordinación en el Ejecutivo fue confirmada por fuentes gubernamentales que señalaron que el propio Ministerio de Seguridad había enviado un oficio previo. Dicho documento, remitido por el jefe de gabinete de Steinert, Francisco Chambi, bajo el título “excusa participación”, informaba la imposibilidad de la asistencia.
El debate sobre los indultos y la justicia
En una instancia distinta, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para exponer los ejes de su gestión, según informó La Tercera.
Durante la sesión, encabezada por la senadora Fabiola Campillai (Ind.), se abordó el tema de los indultos que el Presidente Kast ha anunciado para uniformados condenados en el contexto del estallido social de 2019. Al respecto, Rabat precisó que actualmente existen aproximadamente 28 solicitudes de indulto pendientes de resolución.
El secretario de Estado desglosó la situación detallando que 20 de estas peticiones ingresaron antes de que el actual mandatario asumiera la presidencia el 11 de marzo de 2026, mientras que las 8 restantes son posteriores a esa fecha. El ministro aclaró que no todas las solicitudes están relacionadas con los eventos del estallido social.
La senadora Campillai cuestionó los criterios de evaluación del Ejecutivo para evitar la revictimización de quienes sufrieron daños físicos o pérdida de vida durante las protestas. La parlamentaria solicitó un compromiso formal para que el Presidente Kast escuche tanto a los condenados como a las víctimas y familiares de los afectados.
En la comisión también participaron representantes de agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura y del estallido social, quienes solicitaron que el proceso de evaluación de indultos considere la gravedad del daño causado a las víctimas.
