Un grupo transversal de senadores presentó una reforma legal que busca modificar la estructura y jerarquía del Estado Mayor Conjunto (EMCO), adelantándose a una propuesta similar que prepara el Ejecutivo. La iniciativa busca elevar el estatus del organismo, otorgándole un reconocimiento constitucional explícito para fortalecer la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas.
El proyecto fue ingresado por los senadores Paulina Núñez (RN), Iván Flores (DC), Alejandro Kusanovic (Ind.), Manuel José Ossandón (RN) y Gastón Saavedra (PS). El texto propone que el jefe del EMCO sea designado por el Presidente de la República exclusivamente entre las cinco primeras antigüedades de cada rama castrense, estableciendo un periodo único de cuatro años en el cargo con rango de general de Ejército, almirante o general del Aire.
Hacia una conducción estratégica unificada
La propuesta busca terminar con la lógica de operaciones independientes entre las ramas militares, agrupando sus capacidades bajo un mando común en situaciones de paz y, especialmente, durante estados de excepción constitucional. Según el articulado, los jefes de la Defensa Nacional designados en zonas de emergencia quedarían bajo la conducción estratégica del EMCO para efectos de mando militar y operaciones.
Los autores del proyecto sostienen que este cambio responde a las exigencias del entorno estratégico contemporáneo. "Su reconocimiento constitucional resulta necesario para dotar a esta función de la estabilidad institucional y claridad jerárquica que requiere la conducción estratégica de la defensa nacional", señala el documento presentado ante el Senado.
El texto enfatiza que la reforma no pretende ampliar de manera indeterminada las competencias de las instituciones militares ni alterar el equilibrio entre la defensa nacional y la seguridad pública interior. El objetivo central, según los legisladores, es dotar al sistema constitucional de mayor coherencia institucional.
La propuesta también otorga al EMCO la facultad de realizar vigilancia estratégica estatal, pasando de una postura reactiva ante posibles amenazas a una capacidad de monitoreo constante. Una ley orgánica constitucional se encargará posteriormente de regular los mecanismos precisos de coordinación institucional y el alcance del mando conjunto en materias de protección de los intereses estratégicos del Estado.
