Un panel judicial independiente ha exonerado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de las acusaciones de mala conducta y abuso de autoridad.
El panel, integrado por tres jueces seleccionados por el órgano de supervisión ejecutiva de la CPI, emitió un informe de 85 páginas en marzo. Los magistrados declararon que estaban "unánimemente de la opinión de que las conclusiones fácticas de la OIOS no establecen mala conducta ni incumplimiento del deber bajo el marco legal pertinente".
La investigación fue llevada a cabo por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS) entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025. La pesquisa analizó más de 5,000 páginas de material, incluyendo entrevistas y pruebas recabadas.
Discrepancias en los resúmenes y presión política
A pesar de la exoneración del panel, la filtración de un resumen del informe de la OIOS ha generado tensiones dentro de los órganos de supervisión de la corte. El resumen, difundido por la Mesa de la Asamblea de Estados Partes (ASP), se basó en una sección preliminar en lugar de basarse en las conclusiones finales.
La defensa del Sr. Khan, que colaboró en la redacción de los alegatos, sostiene que dicho resumen no coincide con las conclusiones reales de la investigación. Los abogados señalaron que el documento filtrado daba la falsa impresión de que la OIOS había emitido conclusiones fácticas definitivas respecto a las acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Desde entonces, diversos críticos y organizaciones de derechos humanos han presionado a la Mesa para que desestime la decisión del panel judicial. La Federación Internacional para los Derechos Humanos argumentó previamente que un organismo independiente debe realizar una evaluación legal de los hallazras de la OIOS para garantizar la imparcialidad.
No obstante, la defensa sostiene que las pruebas carecen de testigos que corroboren las acusaciones de mala conducta. Los abogados advirtieron que ignorar la conclusión unánime del panel pone en riesgo la independencia de la Fiscalía.
Expertos legales involucrados en el caso argumentan que el actual intento de revertir los hallazgos amenaza la presunción de inocencia. Sostienen que los actores políticos dentro de la Mesa no deberían utilizar la investigación para sancionar a un fiscal que ya ha sido exonerado por un organismo judicial independiente.
