La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha acusado formalmente al gobierno de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de su país. Esta declaración se produce en respuesta a las recientes acciones legales emprendidas por autoridades estadounidenses, quienes han solicitado el arresto y la extradición de diez funcionarios, tanto actuales como exservidores públicos, bajo acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico.
Según reportó Al Jazeera el 1 de junio de 2026, la medida ha generado una fricción inmediata en la agenda bilateral. La mandataria mexicana calificó las acciones del Departamento de Justicia estadounidense como una violación directa a la soberanía nacional, argumentando que el proceso ignora los canales de colaboración judicial establecidos entre ambas naciones.
La postura de Sheinbaum subraya una creciente tensión en la cooperación judicial entre la administración mexicana y las agencias de seguridad de Estados Unidos. La presidenta sostiene que la investigación, que involucra a una decena de figuras del aparato público mexicano, se maneja bajo criterios unilaterales que desafían la autonomía del sistema judicial de México.
Hasta el momento, la información pública sobre el caso permanece limitada. No se han revelado las identidades de los diez funcionarios señalados, ni se han detallado los cargos específicos que sustentan cada una de las solicitudes de extradición presentadas ante las autoridades mexicanas.
Esta confrontación pone a prueba la estabilidad de la relación diplomática entre ambos países. La respuesta de la presidenta busca establecer una línea clara respecto a la capacidad del Estado mexicano para gestionar sus propios procesos judiciales frente a lo que ella considera presiones externas inaceptables.
La oficina de la Presidencia de México aún no ha detallado si se emitirá una respuesta diplomática formal adicional o si el gobierno dará curso a las solicitudes de detención una vez que los expedientes sean recibidos oficialmente por los tribunales locales. La falta de transparencia sobre los nombres de los implicados mantiene la incertidumbre sobre el impacto político que este caso podría tener dentro de la administración de Sheinbaum.
