Representantes de la sociedad civil y miembros de la Alianza Mexicana de Abogados acudieron este martes al Senado de la República para solicitar formalmente la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. La petición, respaldada por la senadora del PRI Paloma Sánchez, se fundamenta en lo que los denunciantes describen como un "narcogobierno" subordinado a poderes fácticos y grupos criminales.
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, afirmó que el estado atraviesa su peor tragedia histórica. Según el litigante, la entidad opera bajo un esquema donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza mantienen el control sobre la administración de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. Beltrán Verduzco calificó a la actual gestión como una extensión del grupo político previo, señalando que la gobernadora interina actúa como cómplice de Rocha Moya.
El abogado denunció que, durante los últimos 21 meses, Sinaloa ha vivido bajo un clima de terror y violencia desatada. "Somos el epicentro de la inseguridad, no solamente en el país, sino en el mundo", declaró durante una conferencia de prensa en el recinto legislativo. La comitiva sostiene que esta crisis ha provocado que más de 50 mil sinaloenses hayan abandonado el estado ante la falta de garantías de seguridad.
La senadora Paloma Sánchez presentó cifras detalladas sobre el deterioro de la entidad durante este periodo. De acuerdo con los datos expuestos, Sinaloa acumula 2,815 homicidios y 3,878 personas reportadas como desaparecidas, entre las cuales se encuentran 333 niñas y niños. Asimismo, se han registrado 10,809 vehículos robados y 3,817 comercios asaltados, lo que ha derivado en pérdidas económicas estimadas en 170 mil millones de pesos tras el cierre de casi 7 mil empresas y negocios.
Beltrán Verduzco argumentó que el gobierno estatal viola diariamente el artículo 4º bis de la Constitución Política de Sinaloa, el cual establece el derecho humano de los ciudadanos a vivir en un estado libre de violencia. "Nosotros no queremos nada que tenga que ver con este narcogobierno, porque le vendieron su vida al diablo y con ello nos llevaron a todos los sinaloenses", enfatizó el abogado.
Los solicitantes expresaron su confianza en que el Senado convoque a una sesión extraordinaria para atender su petición. La senadora Sánchez subrayó la necesidad de que el estado sea dirigido por una figura ajena al grupo político que, según los denunciantes, ha permitido el contubernio con el crimen organizado. La sociedad civil sostiene que esta medida representa su última esperanza ante la situación de terror que enfrenta la población sinaloense.
