El Gobierno de España ha aprobado un proceso extraordinario de regularización que permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a unos 500.000 migrantes que viven actualmente en el país sin estatus legal, según informa La Tercera.
La medida, implementada mediante un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería, introduce nuevas modalidades de «arraigo extraordinario» para regularizar a personas que ya están integradas en el mercado laboral español.
El presidente Pedro Sánchez defendió la decisión durante un viaje oficial a Pekín, afirmando que la medida tiene como objetivo «reconocer los derechos de ciudadanos que ya se encuentran en nuestro país y que contribuyen a la prosperación y la cohesión social», según recoge La Tercera.
Aunque el Gobierno presenta esta política como una cuestión de necesidad y justicia, la oposición ha manifestado un fuerte rechazo. La Tercera señala que el conservador Partido Popular (PP) ha dado un giro respecto a su postura de hace dos años para rechazar la medida, mientras que el partido de extrema derecha Vox ha calificado el proceso de «inseguro» y de actuar como un «factor de atracción».
Cambios diplomáticos y obstáculos administrativos
El momento de esta política interna coincide con un cambio más amplio en las relaciones internacionales de España. Según Euronews, Sánchez trabaja simultáneamente para fortalecer los lazos con China, mostrando su apoyo al papel de Pekín en la diplomacia de Oriente Medio.
Para quienes deseen solicitarlo, el proceso comenzará de forma telemática el 16 de abril, y las citas presenciales se retomarán el 20 de abril, señala La Tercera. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio para aquellos migrantes que puedan demostrar que estuvieron en España antes del 1 de enero y que han mantenido una residencia continua de cinco meses.
Con el fin de gestionar el gran volumen de solicitudes previsto, el Gobierno utilizará oficinas de la Seguridad Social y de Correos, contando con el apoyo técnico del grupo público Tragsa, según informa La Tercera.
Sin embargo, la puesta en marcha administrativa se enfrenta a desafíos laborales inmediatos. La Tercera reporta que los funcionarios de extranjería han anunciado una huelga indefinida a partir del 21 de abril, debido a que han sido excluidos de la planificación logística del Gobierno.
Los sindicatos policiales también han expresado su preocupación respecto al nuevo sistema. Según La Tercera, estos sindicatos advirtieron que el proceso ha sido diseñado «a espaldas» de los profesionales de la seguridad y señalaron posibles riesgos en cuanto a la verificación de la identidad y el fraude.
