La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió ayer una advertencia formal sobre las constantes acciones judiciales contra el diario venezolano El Universal. La organización sostiene que el gobierno intenta impedir que el medio publique reportajes sobre el creciente clima de violencia e inseguridad en el país.
La directiva de El Universal negó las acusaciones de que el periódico esté censurando a su propio equipo editorial. Estos desmentidos se producen tras la reciente venta del diario a la firma española Epalisticia. Fundado en 1909 por el poeta Andrés Mata, el periódico estuvo bajo la dirección de su hijo, Andrés Mata Osorio, hasta su reciente traspaso.
Obstáculos operativos y tensión política
Más allá de las presiones legales, el diario ha enfrentado dificultades en su producción física. El Universal confirmó que recientemente obtuvo la aprobación del gobierno para acceder a divisas extranjeras, lo que permitirá a la empresa importar papel. La gerencia afirmó que iniciaron el proceso de gestión de inmediato para garantizar la continuidad de la edición impresa.
Las tensiones entre el gobierno venezolano y la oposición política siguen siendo elevadas. El líder opositor Henrique Capriles se reunió ayer con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para abordar la situación del país. Durante el encuentro, Capriles acusó a la administración de Maduro de incumplir con la auditoría de las elecciones del 14 de abril, un proceso que contaba con el respaldo previo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Mientras tanto, el gobierno venezolano ha acusado tanto a Colombia como a Capriles de conspirar contra la presidencia de Maduro. Estas acusaciones coinciden con informaciones provenientes de la edición mexicana de El Universal, que recientemente publicó una investigación titulada 'Los piratas del narco'. El reportaje detallaba las operaciones de organizaciones narcotraficantes en la ciudad ecuatoriana de Manta, citando testimonios de residentes locales.
En México, la administración del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta sus propios desafíos. Un estudio reciente del diario Reforma indica que el índice de aprobación del mandatario ha caído 11 puntos porcentuales desde agosto, situándose en un 39%. Las encuestas actuales muestran que el 58% de los consultados desaprueba su gestión.
Por su parte, los legisladores mexicanos impulsan cambios estructurales. El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer una propuesta ante el Senado con el fin de otorgar autonomía presupuestaria y de gestión a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La iniciativa busca implementar estos cambios sin necesidad de reformar la Constitución mexicana.
