Un tribunal francés sentenció este lunes al exdirector ejecutivo del grupo cementero Lafarge a seis años de prisión por proporcionar fondos al Estado Islámico (EI) y a otros grupos yihadistas en Siria.
La justicia también impuso una multa de más de 1,3 millones de dólares a la multinacional.
La fiscalía sostuvo que la empresa pagó sumas de dinero a diversas facciones militantes para garantizar la continuidad de sus operaciones comerciales en la región asolada por la guerra.
Responsabilidad penal por pagos corporativos
La sentencia es el resultado de una batalla legal sobre las transacciones financieras de la compañía con grupos armados durante el punto álgido del conflicto sirio. El tribunal determinó que los pagos se realizaron con el fin de mantener la presencia industrial del grupo en la zona.
Según el proceso judicial, estos pagos respaldaron directamente las actividades del Estado Islámico y de otros grupos insurgentes que operan en Siria.
Representantes de Lafarge habían sostenido anteriormente que los pagos eran necesarios para garantizar la seguridad de sus empleados y la protección de sus activos. No obstante, el fallo de la corte se centra en las implicaciones penales de financiar el terrorismo mediante dichas transacciones.
Este veredicto representa un hito en el procesamiento de directivos corporativos por acciones llevadas a cabo en zonas de conflicto. El caso pone de relieve los límites legales de las negociaciones emprendidas por empresas con organizaciones terroristas sancionadas.
