Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, está impulsando un cambio fundamental en la política económica para hacer frente al vertiginoso avance de la inteligencia artificial. Según documentos citados por Axios, la empresa sostiene que la IA provocará alteraciones significativas en el empleo y la ciberseguridad en el transcurso del próximo año.
Para contrarrestar estos efectos, Altman propone la creación de un fondo de riqueza pública. Este mecanismo permitiría que los ciudadanos participen de los beneficios económicos generados por los sistemas de IA avanzada.
Un nuevo marco económico para la era de la automatización
La propuesta incluye trasladar la carga fiscal hacia el trabajo automatizado. A medida que los impuestos sobre la renta tradicionales, vinculados al empleo humano, disminuyan, Altman sugiere que los gobiernos deben replantearse cómo recaudar fondos para financiar los servicios esenciales.
El marco de trabajo de OpenAI también aboga por garantizar el acceso público a la IA como si fuera un servicio básico. Esto aseguraría que los trabajadores, las escuelas y los sectores más desfavorecidos sigan siendo competitivos a medida que la automatización se generalice.
El plan de Altman exige cambios radicales en el mercado laboral, incluida la adopción de semanas laborales de 32 horas con sueldo completo. Asimismo, propone sistemas de apoyo automatizados que se activen de inmediato cuando los trabajadores sean desplazados por las nuevas tecnologías.
Aunque Altman admite que el desarrollo de la Inteligencia Artificial General (AGI) quizás habría sido más adecuado como un proyecto gubernamental, ahora defiende un modelo híbrido. Insta a una colaboración estrecha entre el sector público y el privado, lo que incluiría auditorías obligatorias para los sistemas más avanzados.
Axios informa que el rápido ritmo de desarrollo de la IA conlleva un alto riesgo de inestabilidad social, desempleo masivo y ciberataques sofisticados si los responsables políticos no actúan con rapidez. Altman insiste en que estas decisiones no pueden quedar en manos de un pequeño grupo de ejecutivos tecnológicos.
El directivo sostiene que la distribución de la riqueza y la regulación de la tecnología deben ser objeto de un amplio debate público. El objetivo, según su propuesta, es garantizar que los beneficios de la IA se compartan en lugar de concentrarse en unas pocas empresas.
