El pleno del Senado de la República aprobó esta madrugada una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, orientada a evaluar la integridad de los perfiles que buscan cargos de elección popular. La iniciativa fue avalada con 85 votos a favor y 40 en contra, estableciendo un marco legal para detectar posibles vínculos con actividades delictivas antes de que los candidatos sean registrados.
La pieza central de esta reforma es la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Este órgano recibirá los listados de aspirantes enviados por los partidos políticos o por ciudadanos que busquen una candidatura independiente, tanto en el ámbito federal como en el local.
El procedimiento de evaluación será voluntario, permitiendo que los partidos entreguen la información de manera total o parcial. Una vez recibidos los datos, la Comisión coordinará un análisis de riesgo con instancias clave del Estado, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estas instituciones definirán la metodología y los criterios técnicos para determinar si existe un "riesgo razonable" basado en información indiciaria que presuma la relación de un aspirante con actividades ilícitas. Con base en los resultados emitidos por la Comisión, los partidos políticos tendrán la facultad de determinar la procedencia o no del registro de sus respectivos candidatos ante la autoridad electoral.
La reforma estipula que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas deberá estar formalmente integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027. La medida busca, según el dictamen, fortalecer la transparencia en la selección de perfiles para cargos públicos.
La aprobación de esta reforma coincidió con la conclusión del periodo extraordinario de sesiones y el cierre del segundo año de la LXVI Legislatura. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, declaró clausurados los trabajos legislativos, destacando que durante este periodo se aprobaron ocho reformas constitucionales y ocho nuevas leyes.
En su mensaje de clausura, la legisladora de Morena calificó el año legislativo como una etapa de "intenso trabajo" orientado a cimentar un estado constitucional y legal de bienestar. Castillo enfatizó que la pluralidad ha sido el mayor activo de la cámara y agradeció la colaboración de los coordinadores de los seis grupos parlamentarios, mencionando expresamente a Adán Augusto López, quien lideró la bancada de Morena hasta el pasado 1 de febrero.
La presidenta del Senado subrayó que, además de la reforma electoral, se avalaron 67 cambios a diversos ordenamientos enfocados en la igualdad sustantiva, derechos laborales, protección de grupos vulnerables y lenguas indígenas. “Reafirmamos que la política puede ser herramienta de transformación cuando se ejerce con responsabilidad, convicción y amor al pueblo”, concluyó Castillo ante el pleno.
