El partido Morena mostró una marcada falta de cohesión en la defensa de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, durante su VIII Congreso Nacional Extraordinario en la Ciudad de México. A diferencia de otras crisis políticas, el cónclave guinda no emitió un pronunciamiento de solidaridad hacia el mandatario, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En el evento realizado en el World Trade Center, la ausencia de un respaldo unánime fue evidente. Según reportó El Universal, ni siquiera se pronunció el nombre de Rocha Moya en el foro, y un intento de los delegados de Sinaloa por organizar una por una porra para el gobernador fue ignorado por la mayoría de los asistentes.
Senadores y diputadores de la propia formación oficialista optaron por deslindarse del gobernador. Diversos personajes de Morena entrevistados por El Universal señalaron que, tras su separación del cargo, Rocha Moya debe asumir las consecuencias de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Denuncias por secuestros y presunta impunidad en Sinaloa
La situación política del gobernador coincide con graves acusaciones de criminalidad en su entidad. De acuerdo con información de El Financiero, víctimas de secuestro ocurridos durante las elecciones de 2021 en Sinaloa sostienen que las denuncias presentadas ante la FGR desde febrero pasado no han prosperado.
Miguel Ángel Murillo, dirigente del Frente Cívico Sinaloense, denunció que las autoridades locales y federales han ignorado las pruebas presentadas. “Burdamente, han dicho ‘aquí no pasa nada, no hay elementos suficientes para iniciar la carpeta de investigación, para iniciar un desafuero, para iniciar una separación de poderes’”, afirmó Murillo en entrevista con El Financiero.
Murillo también señaló presuntas irregularidades en el ámbito electoral, mencionando que el caso recayó en manos de la magistrada Aida Inzunza, hermana del senador Enrique Inzunza, quien también es buscado por la justicia estadounidense. El dirigente aseguró que las instituciones locales y los poderes estatales operaban bajo el control de un grupo vinculado al cártel.
Entre las víctimas de estos hechos se encuentra la diputada local del PRI, Paola Gárel, quien calificó el proceso electoral de 2021 como una “narco elección”. Las denuncias también incluyen conclusiones de la FGR sobre el presunto montaje para encubrir el homicidio de Héctor Melesio Cuén, investigación que estuvo a cargo de autoridades señaladas por su cercanía con Rocha Moya.
Dentro de la dirigencia de Morena, la postura fue de cautela. La diputada Dolores Padierna rechazó que el partido sea un “narcopartido” y afirmó que, tras la salida de Rocha Moya de la gubernatura, el gobernador debe quedar “a expensas de lo que digan las autoridades, que tienen que hacer su trabajo”, según reportó El Universal.
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña fue el único que externó confianza en la inocencia del gobernador, aunque advirtió que, de comprobarse su culpabilidad, “no habrá impunidad ni en ese ni en ningún otro caso”. En contraste, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara manifestó que no conoce a Rocha Moya y que no es responsabilidad de la Presidenta Sheinbaum o del expresidente López Obrador respaldarlo, señalando que para ello existen la ley y la Constitución.
