México se posiciona como el país con mayor violencia letal contra la prensa en América Latina durante 2025, según el informe 'Estructuras del Silencio' elaborado por el organismo internacional Artículo 19.
La investigación detalla que en lo que va del año se registraron siete homicidios y un caso de desaparición de comunicadores en territorio mexicano. El reporte, publicado por elportal eluniversal.com.mx, advierte que informar en el país sigue implicando riesgos extremos.
En conjunto con Guatemala y Honduras, la región sumó 12 asesinatos de periodistas en un año. “Detrás de la cada caso hay un patrón reiterado de impunidad y un mensaje que hace las veces de ejemplo siniestro para el resto del gremio”, señala el documento.
El uso del Estado como herramienta de censura
Además de la violencia física, la organización documentó 451 agresiones contra la prensa en México. De estas, el 33.48% corresponden a abusos del poder público y un 44.12% se clasifican como un ambiente hostil.
Las amenazas se han vuelto una constante en la labor informativa. Durante 2025 se contabilizaron 112 casos de amenazas, lo que significa que en México un periodista es amenazado cada cuatro días.
El informe destaca que 65 casos de estigmatización fueron registrados, de los cuales el 60% provinieron de autoridades o partidos políticos. Estos discursos pueden funcionar como mecanismos de habilitación de la violencia en contextos de impunidad.
El aparato estatal también se utiliza para presionar a los medios. Un total de 67 periodistas y medios enfrentaron procesos legales en 2025, incluyendo causas electorales, penales, civiles y administrativas.
“El objetivo no es necesariamente obtener una sentencia condenatoria, sino castigar el ejercicio periodístico mediante el proceso mismo”, indica el informe de Artículo 19. El 73.13% de estas acciones legales fueron promovidas por funcionarios o actores políticos.
La violencia también ha provocado desplazamientos forzados en estados como Michoacán, lo que interrumpe la cobertura informativa y genera daños psicosociales. En contraste, en entidades como Sinaloa, el informe advierte que la falta de registros podría obedecer a la autocensura.
En cuanto al acceso a la información, el organismo reportó un patrón creciente de respuestas incompletas o inexistentes por parte de las autoridades. Además, el nuevo órgano 'Transparencia para el Pueblo' desechó el 99.6% de los recursos de revisión recibidos en sus primeros meses por supuestos incumplimientos técnicos.
