La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó la transición en la Consejería Jurídica de la Presidencia con la llegada de Luisa María Alcalde, quien asumirá el cargo este viernes 1 de mayo. La nueva consejera jurídica reemplaza a Esthela Damián, cuya salida se debe a sus planes de participar políticamente en el estado de Guerrero de cara a las elecciones de 2027, según informó El Universal.
La mandataria federal precisó que la renuncia de Damián fue aceptada bajo la condición de separarse de sus funciones públicas. “Ella quería irse a trabajar a Guerrero. Entonces le dije: ‘tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas’”, relató Sheinbaum, subrayando que su administración no promueve candidaturas desde el ejercicio del poder.
Alcalde, quien anteriormente se desempeñó como líder nacional de Morena, anunció su incorporación al gabinete tras despedirse de su labor en el podcast “La Moreniza”. En su mensaje de despedida, la nueva funcionaria agradeció a la “incansable militancia” del partido y expresó su compromiso con los retos venideros.
Tensiones en la relación bilateral
Este movimiento en el gabinete ocurre en un contexto de alta tensión diplomática con Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha lanzado acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros diez funcionarios estatales, señalándolos de proteger a familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de acuerdo con reportes de El Financiero.
La presidenta Sheinbaum adoptó un tono firme durante su conferencia matutina para defender la soberanía nacional. La mandataria afirmó que, si no existen pruebas legales, no procederá con una extradición, argumentando que la acusación podría tener tintes políticos. “Si no hay pruebas, afirmó la presidenta, se demostrará que la acusación no es jurídica, sino política”, detalló El Financiero.
Sin embargo, la postura de la administración mexicana enfrenta críticas por su manejo de la crisis en Sinaloa. El diario El Financiero calificó la situación como una “disyuntiva mayúscula” para el gobierno de Sheinbaum y la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, señalando que el apoyo a figuras cuestionadas podría comprometer la relación con Washington.
El panorama político se complica ante la posibilidad de que las agencias de inteligencia estadounidenses clasifiquen a los cárteles como grupos terroristas, lo que permitiría acciones extraterritoriales. Mientras el gobierno mexicano defiende su soberanía, analistas citados por El Financiero advierten que la falta de acciones contundentes contra socios políticos del crimen organizado podría exponer al país a una mayor presión externa.
