El senador Diego Ibáñez y la diputada María Francisca Bello, ambos del Frente Amplio (FA), denunciaron la reciente aprobación del proyecto inmobiliario Maratué en Puchuncaví. Los parlamentarios argumentaron que la decisión de planificación urbana carece de una perspectiva territorial integral y prioriza intereses privados por sobre la seguridad de la comunidad.
El proyecto Maratué contempla la construcción de miles de viviendas en el sector de Quirilluca. Comunidades locales y organizaciones ambientales ya habían alertado previamente sobre el impacto potencial de este desarrollo en una zona que se caracteriza por su alta fragilidad ambiental.
Riesgos para el agua y el territorio
El senador Ibá𝑛ez cuestionó si el Gobierno ha aprendido de las crisis ambientales ocurridas en las zonas de Quintero y Puchuncaví, señalando que esta aprobación representa un retroceso en los estándares de protección medioambiental.
“Lo que está en juego en proyectos como Maratué es si aprendimos de zonas como Quintero y Puchuncaví, o si vamos a volver a tomar decisiones sin las salvaguardas suficientes para las comunidades”, afirmó Ibáñez.
Asimismo, añadió que el desarrollo urbano no debe estar dictado por iniciativas inmobiliarias; por el contrario, el senador sostuvo que el Estado, las comunidades y el territorio deben ser el eje central de la planificación.
Por su parte, la diputada Bello coincidió con estas preocupaciones, señalando que el modelo de desarrollo actual no logra integrarse con los territorios locales. Específicamente, destacó la falta de consideración ante la crisis hídrica actual y el daño ambiental acumulado en la región.
Ambos legisladores advirtieron que la llegada de miles de nuevos residentes a un área limitada podría saturar los servicios básicos y agravar los problemas estructurales en el acceso al agua. Bello señaló que, si bien apoya la inversión, dicho crecimiento debe realizarse de manera responsable, sin sacrificar a las personas ni al medioambiente.
