La Corte Suprema de Chile ha absuelto a seis militares y policías en retiro que estaban acusados de cometer actos ilícitos contra militantes del Partido Socialista tras el golpe de Estado de 1973. Según reportó latercera.com, la Segunda Sala del tribunal dictaminó por unanimidad que la acusación fiscal no cumplió con los estándares necesarios para garantizar el debido proceso.
El tribunal absolvió a Patricio Alejandro Kellet Oyarzún, Bernardo O’Higgins de las Mercedes Puga Concha, Rubén Darío Aracena González, Juan Bautista Yáñez Ruiz, Germán Jesús Borneck Matamala y Hernán Soriano Ávila. Los imputados habían sido señalados por el maltrato de ocho personas, entre ellas Sandor Arancibia Ramírez y Juan Yilorm Martínez, en el Regimiento Cazadores de Valdivia.
En su fallo, la Corte determinó que los cargos originales contra los hombres eran peligrosamente imprecisos respecto a la cronología de los supuestos crímenes. Los magistrados concluyeron que esta falta de un marco temporal definido obstaculizó gravemente la capacidad de los acusados para ejercer una defensa legal efectiva.
“Se advierte una grave imprecisión, vaguedad o indeterminación de la acusación fiscal, la que solo establece una data inicial respecto de los delitos imputados sin contener siquiera una fecha de término aproximada en la que los actos ilícitos habrían sido perpetrados”, señaló el tribunal en el fallo firmado por los ministros Manuel Antonio Valderrama y María Cristina Gajardo, junto a otros magistrados y abogados integrantes.
Las acusaciones sobre el “Plan Z”
El caso, originalmente instruido por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, se centraba en denuncias de que los detenidos fueron blanco de persecución por su supuesta participación en el “Plan Z”. Este fue descrito por la fiscalía como un complot ficticio para exterminar a miembros de las Fuerzas Armadas y de orden tras el levantamiento militar del 11 de septiembre de 1973.
Según la acusación recogida por latercera.com, las víctimas fueron retenidas inicialmente en la cárcel pública de Valdivia. Posteriormente, fueron trasladadas al gimnasio del Regimiento Cazadores, donde, según los fiscales, fueron sometidas a abusos físicos, incluyendo el uso de ataduras y descargas eléctricas.
La Corte Suprema, sin embargo, enfatizó que la ausencia de fechas específicas para estos hechos vulneró garantías legales fundamentales. El fallo señaló que, al no tratarse de delitos permanentes, la fiscalía estaba obligada a proporcionar un marco temporal claro que permitiera a los acusados controvertir las pruebas.
“Se confirma la existencia de vicios que cercenaron el debido ejercicio del derecho a defensa de los acusados”, afirmó el tribunal, subrayando que el proceso judicial debe asegurar la “irrestricta observancia” de los derechos de los imputados. La Corte concluyó que la vaguedad de los cargos terminó por hacer injustificable la condena penal.
