Una tendencia preocupante en el cibercrimen
Estadísticas recientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito han arrojado luz sobre una realidad preocupante para la población de edad avanzada. En 2025, el número de estafas denunciadas contra adultos mayores alcanzó las 9,180, un aumento asombroso de cuatro veces respecto a los 1,969 casos reportados en 2018. Este marcado incremento en la actividad delictiva pone de relieve no solo la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes, sino también una brecha digital cada vez mayor que deja a los ancianos más susceptibles a la explotación.
A medida que la sociedad moderna se acelera hacia la digitalización total de los servicios esenciales —desde la banca y los trámites gubernamentales hasta la comunicación interpersonal—, las generaciones mayores a menudo quedan rezagadas. Sin las herramientas técnicas o el conocimiento necesario para navegar estas plataformas de forma segura, se están convirtiendo en los principales objetivos de fraudes telefónicos, phishing y estafas en línea cada vez más complejas.
El costo de la exclusión
Rodrigo Plá von Chrismar, jefe de la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Independencia, advierte que la situación actual es insostenible. Según Plá, el aumento en las denuncias penales es una consecuencia directa de una sociedad que prioriza la modernización sin garantizar que todos los ciudadanos tengan los medios para participar de manera segura.
"La brecha digital no es solo una cuestión de conveniencia; es un tema crítico de protección y dignidad", afirmó Plá. Sostiene que la incapacidad para gestionar tareas digitales de forma segura obliga a muchos adultos mayores a entrar en un estado de dependencia y miedo, despojándolos efectivamente de su autonomía y dejándolos expuestos a actores malintencionados que explotan su falta de fluidez digital.
Un llamado a la acción institucional
Expertos y líderes municipales están exigiendo ahora un cambio en la política nacional. En lugar de ver el aumento de la delincuencia como un subproducto inevitable del progreso tecnológico, instan al gobierno a implementar programas de educación digital sólidos y a nivel nacional, diseñados específicamente para las necesidades de los adultos mayores.
Estos programas tendrían como objetivo dotar a las personas mayores de las habilidades necesarias para identificar amenazas comunes en línea, gestionar información privada y utilizar herramientas digitales con confianza. Los defensores de esta iniciativa enfatizan que la inclusión digital es un derecho fundamental en el siglo XXI. Al cerrar esta brecha, el país puede proporcionar una capa necesaria de protección para su grupo demográfico más vulnerable, asegurando que el avance hacia un futuro digital no deje a nadie atrás.