Durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el presidente José Antonio Kast anunció la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV). La medida, presentada dentro del eje de Seguridad Pública, busca implementar un mecanismo de castigo social disuasivo para quienes cometan delitos específicos, incluyendo ataques a carabineros, personal de salud, retención de transporte público, tráfico de estupefacientes y daños a monumentos nacionales.
El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, detalló en Estado Nacional de 24H que el registro funcionará mediante una consulta pública, similar a los sistemas existentes para el Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad o el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos. Según el secretario de Estado, la inscripción en el RUV será efectiva una vez que exista una sentencia judicial firme, permitiendo que la ciudadanía acceda a la información sobre los condenados.
La iniciativa contempla la pérdida de beneficios estatales para los infractores, tales como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y subsidios de arriendo. Asimismo, el proyecto restringirá trámites administrativos básicos, como la renovación de licencias de conducir, la obtención de pasaportes y la transferencia de vehículos o propiedades.
El proyecto ha provocado un intenso debate político sobre su alcance y posible sesgo socioeconómico. El senador socialista Juan Luis Castro calificó la medida como una “vacuna antiestallido social 2”, argumentando que el Ejecutivo utiliza el registro como una herramienta preventiva ante eventuales disturbios futuros. Castro cuestionó la falta de claridad técnica sobre qué conductas serán tipificadas como faltas al orden público y cómo se aplicarán las penalidades en la práctica.
En respuesta a las críticas, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, defendió la propuesta en Tolerancia Cero de CNN Chile, asegurando que “no es un registro ni clasista ni antipobre”. Ante la consulta sobre cómo afectaría la medida a infractores de altos ingresos, como en el caso de jóvenes que destruyeron un grifo en Vitacura, Moreno afirmó que no tiene inconveniente en explorar penalidades más gravosas si las actuales resultan insuficientes para lograr un efecto disuasivo en dichos sectores.
Por su parte, el diputado PS Daniel Manouchehri criticó la efectividad de la propuesta para combatir la delincuencia real. Manouchehri propuso incluir en el registro a los llamados “vándalos de cuello y corbata” para abordar la corrupción en la política, argumentando que el enfoque actual del gobierno es insuficiente y no ataca las causas profundas de la criminalidad en el país.
