DHAKA, Bangladesh — El parlamento de Bangladesh ha cancelado o revertido varias de las reformas introducidas tras el levantamiento estudiantil de 2024, según informa Al Jazeera.
Las recientes medidas legislativas afectan a disposiciones destinadas a aumentar la rendición de cuentas del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Estos movimientos han despertado la preocupación de que el país esté retrocediendo en los avances democráticos logrados tras la destitución de la ex primera ministra Sheikh Hasina.
El parlamento, dominado por el partido gobernante Bangladesh Nationalist Party, que ganó las elecciones de febrero, revisó recientemente un paquete de 133 ordenanzas. Estas normas fueron emitidas originalmente por el gobierno interino dirigido por el premio Nobel Muhammad Yunus.
Al Jazeera informa que al menos 23 de estas medidas —que incluyen disposiciones críticas sobre derechos humanos, supervisión judicial, lucha contra la corrupción y políticas policiales— han sido derogadas o han caducado. Estas leyes no lograron obtener la aprobación parlamentaria dentro del plazo constitucional requerido.
Si bien la mayoría de las ordenanzas fueron aprobadas, las medidas que caducaron eran fundamentales para los esfuerzos de reestructuración de instituciones que anteriormente eran criticadas por la interferencia política y la falta de transparencia. Los partidos de la oposición, los grupos de la sociedad civil y diversos analistas describen este movimiento como un retroceso en las salvaguardas fundamentales.
Una lucha por el rumbo político
La disputa actual tiene su origen en el levantamiento de julio de 2024. Aquel movimiento liderado por estudiantes puso fin a la administración de Hasina, tras años de represión de la disidencia y abusos de los derechos humanos.
Tras la caída del gobierno, se hizo cargo una administración interina. Este gobierno utilizó la 'Carta Nacional de Julio', un marco para reformas sobre la independencia judicial y la descentralización. Dicha carta fue respaldada en un referéndum nacional junto con las elecciones de febrero de 2026, con un apoyo aproximado del 70 por ciento.
Debido a que el parlamento fue disuelto tras la destitución de Hasina, la administración de Yunus no pudo convertir las propuestas de reforma en leyes permanentes. En su lugar, recurrió a ordenanzas. Según la constitución, estas deben ser aprobadas o modificadas por el parlamento dentro de los 30 días posteriores a su primera sesión.
Los datos oficiales muestran que, de las 133 ordenanzas revisadas, 110 fueron aprobadas. Sin embargo, siete fueron derogadas formalmente y 16 caducaron automáticamente. El gobierno sostiene que está llevando a cabo una revisión legislativa necesaria para corregir deficiencias y reintroducir leyes más sólidas mediante procesos de consulta.
La disputa ha trascendido las salas del parlamento. Las alianzas de la oposición han organizado protestas y han advertido de un movimiento nacional, ya que el debate refleja una lucha más profunda por el rumbo de la transición política del país.
