Diputados de la Renovación Nacional (RN) han solicitado formalmente a la Contraloría General de la República que investigue presuntas irregularidades en la gestión y el pago de facturas durante el cierre presupuestario de 2025.
Los parlamentarios Diego Schalper y Eduardo Durán presentaron la denuncia tras conocerse reportes sobre interrupciones en el sistema de recepción de facturas del Estado. La medida busca determinar si el cierre del sistema fue un intento deliberado para alterar los registros fiscales.
Según informó latercera.com, la denuncia surge tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara. Quiroz calificó como "extremadamente anómalo" el cierre del sistema de recepción de facturas a las 00:01 horas del 8 de enero.
Se esperaba que el sistema funcionara con normalidad durante toda esa jornada; sin embargo, la interrupción impidió que los proveedores del Estado pudieran presentar la documentación necesaria.
En su petición a la Contralora General, Dorothy Pérez, Schalper y Durán advirtieron que la interrupción podría tratarse de una "maniobra orientada a alterar el devengo y el pago de obligaciones fiscales".
De confirmarse, los legisladores señalaron que la acción no solo perjudicaría a los proveedores del Estado, sino que podría constituir una "maniobra destinada a alterar el registro y el pago de obligaciones fiscales, trasladando compromisos del ejercicio 2025 al año fiscal 2026".
Posibles implicancias penales
Los diputados argumentaron que tales acciones vulnerarían principios fundamentales de la administración financiera del Estado, tales como la legalidad del gasto público, la transparencia y la anualidad presupuestaria.
Más allá de posibles errores administrativos, los parlamentarios sugirieron que los hechos podrían constituir delitos penales. Específicamente, señalaron el delito de abuso de funciones públicas en perjuicio de particulares, tal como lo define el artículo 257 del Código Penal.
Schalper y Durán solicitaron que la Contraloría General remita los hallazgos al Ministerio Público en caso de detectarse cualquier conducta dolosa.
La Contraloría deberá ahora evaluar la admisibilidad de la denuncia y decidir si inicia una investigación para determinar si se impartieron instrucciones superiores con el fin de retrasar el registro de estas deudas fiscales.
