La escena política mexicana enfrenta una escalada de tensiones tras las recientes investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y un Gran Jurado en Nueva York sobre presuntos vínculos entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rodríguez Rocha Moya, y el crimen organizado. El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han lanzado ofensivas legislativas y exigencias judiciales para sancionar al mandatario sinaloense.
Desde la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, coordinada por el coahuilense Rubén Moreira, se presentó una propuesta de reforma a la legislación electoral. El objetivo de la iniciativa es establecer la inhabilitación de por vida para cualquier funcionario público que se vincule con el crimen organizado, según reportó El Financiero.
El diputado por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, fundamentó la propuesta señalando que la situación actual de su estado es consecuencia de irregularidades en las elecciones de 2021 que no fueron atendidas por las autoridades. "Lo que se vive hoy en mi estado es el resultado de lo que se permitió en la elección de 2021, que se denunció en su momento ante las autoridades electorales y judiciales y no se atendió", afirmó Zamora Gastélum, de acuerdo con la nota de El Financiero.
Exigencia de extradición y acusaciones de traición
Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, elevó la presión al exigir la detención inmediata y la extradición a Estados Unidos de Rocha Moya y de su círculo cercano. En un mensaje desde Torreón, Coahuila, Romero Herrera calificó al gobernador como un "traidor a la patria" por presuntamente aliarse con grupos delictivos.
El dirigente panista anunció que solicitará ante la Comisión Permanente la aplicación expedita del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Romero Herrera sostuvo que la falta de cumplimiento de este derecho internacional serviría como justificación para no cumplir con las obligaciones del tratado, y criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que "si eso se defiende, quiere decir que se sigue dirigiendo un partido, no un movimiento, y no se dirige el país".
La disputa ha derivado en un intercambio de acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La mandataria panista criticó que se defienda a Rocha Moya mientras se persiguen actividades relacionadas con el narcotráfico, señalando que se le habla mal a quienes desmantelan laboratorios de droga.
En respuesta, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a la gobernadora de Chihuahua de mentir y de incurrir en "traición a la patria" al provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano, violentando la soberanía nacional, según informó El Universal.
Morena asume responsabilidad por perfiles cuestionados
En medio de la confrontación, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena ha reconocido fallas en sus procesos de selección. Carolina Rangel Gracida, secretaria general del partido, admitió ante El Universal que la dirigencia tiene "responsabilidad total" en la elección de perfiles señalados, como el propio Rocha Moya y el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido por presunta extorsión.
Rangel Gracida señaló que el partido implementará medidas para reforzar la selección de candidatos hacia las elecciones de 2027, incluyendo la creación de una Comisión Evaluadora de Incorporaciones. No obstante, la dirigente minimizó el temor de perder hegemonía política, afirmando que Morena sigue siendo el partido con mayor preferencia en el país.
El caso de Rocha Moya también ha puesto bajo la lupa la situación de otros funcionarios, como el Vicefiscal de Sinaloa, quien solicitó licencia sin goce de sueldo debido a investigaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, según reportó El Universal.
