Una serie de renuncias y traslados de altos cargos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha generado una crisis de gestión en la cartera dirigida por Iván Poduje. Las desvinculaciones, que incluyen a jefaturas de áreas críticas, han provocado una ralentización en la ejecución de proyectos habitacionales y una creciente incertidumbre entre los funcionarios.
Entre las salidas confirmadas se encuentran la jefa de la División de Finanzas, Victoria Saud Muñoz, y el jefe de gabinete de la subsecretaria Natalia Aguilar, el abogado Tomás de Tezcanos. Fuentes internas del ministerio atribuyen estas salidas a "desencuentros" y a problemas en las formas de trato por parte de las autoridades.
Inestabilidad en la conducción ministerial
Aunque el Minvu negó formalmente la existencia de denuncias por malos tratos, funcionarios del organismo aseguran que la salida de Saud se debió a "diferencias en las formas de relacionarse e instruir" con el ministro Poduje y la subsecretaria Aguilar. El caso de Michelle Browne, jefa de la División de Política Habitacional, también genera ruido, tras reportarse una ausencia y una posterior retractación de su renuncia.
La falta de una comunicación clara ha agravado la situación. Los trabajadores denuncian que las desvinculaciones se han informado únicamente mediante correos electrónicos reenviados, sin un comunicado oficial que explique la nueva estructura.
“Esto ha generado ruido interno, incertidumbre en la orientación de la política. No hay una conducción concreta. La comunicación interna ha sido deficiente”, afirmó una fuente dentro de la institución.
Esta inestabilidad afecta directamente el presupuesto y la inversión en regiones. Actualmente, la División de Finanzas es dirigida por una funcionaria de carrera en calidad de subrogante, lo que dificulta la fluidez de los lineamientos técnicos.
El impacto de estas vacantes es crítico para los compromisos del Gobierno de José Antonio Kast. El ministro Poduje se comprometió públicamente a completar la reconstrucción de Viña del Mar en un plazo de 15 meses, un objetivo que hoy se ve amenazado por la parálisis administrativa en las unidades de ejecución.
