El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en el centro de una crisis política y judicial de alcance binacional tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta conspiración para el tráfico de drogas y posesión ilícita de armas. Ante este escenario, el partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó formalmente ante el Congreso de la Unión una solicitud de desafuero contra el mandatario estatal y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Villamil, y el senador Enrique Inzunza.
La respuesta del gobernador ante las acusaciones ha sido de negación absoluta. Durante una gira por el municipio de Navolato, Rocha Moya declaró ante medios locales: “No hay, de nuestra parte, absolutamente nada que temer. El que nada debe, nada debe de pagar”. El mandatario descartó solicitar licencia al cargo, afirmando que no tiene temor de la justicia y que cada uno de los funcionarios señalados deberá “dar la cara por sí mismo”.
Las acusaciones actuales han revivido un expediente de 53 páginas presentado el 23 de agosto de 2021 por líderes de la oposición mexicana —Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD)— ante organismos internacionales como la OEA, el Consejo Nacional de Seguridad de EE. UU. y la CIDH. El documento detalla que, durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021, grupos armados operaron con precisión militar para desarticular a la oposición, incluyendo el secuestro y golpiza de José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI en Culiacán, quien estuvo retenido durante 50 horas.
Mario Zamora Gastélum, excandidato a la gubernatura, afirmó a EL UNIVERSAL que la elección fue un “operativo criminal” y relató que, a las 07:00 horas del día de la elección, la candidata a la alcaldía de Badiraguato le informó que declinaría a favor de Morena tras el secuestro de su hermano. Testimonios recabados en el informe señalan que comandos armados recorrían las calles advirtiendo a los ciudadanos: “Si no gana Rocha Moya, los vamos a matar a todos”.
Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha convocado a la unidad nacional. En el Centro Cultural del México Contemporáneo, Sheinbaum advirtió que “frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional; quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”. Su postura ha sido respaldada por líderes sindicales como Tereso Medina Ramírez (CTM), quien subrayó que la soberanía nacional “no está en negociación”.
El alcance de la investigación estadounidense parece trascender el ámbito local. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. advirtió en X que el caso “es sólo el principio” y comparó la situación con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, señalando que “de Maduro hasta Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas”. Derek S. Maltz, exdirector interino de la DEA, calificó el caso como “crucial en la estrategia para desmantelar los cárteles”.
El abogado constitucionalista Javier Martín Reyes explicó a El Financiero que el proceso de desafuero es un requisito indispensable para proceder penalmente contra funcionarios en activo. Mientras la crisis escala, S&P Global Ratings ha colocado la calificación crediticia del estado de Sinaloa en revisión especial negativa. Pese a esto, 18 presidentes municipales de la entidad han expresado su respaldo institucional al gobernador, argumentando mediante un desplegado que la Fiscalía General de la República no ha recibido elementos probatorios suficientes por parte de las autoridades estadounidenses.
