El Juzgado de Garantía de Los Andes imputará formalmente el próximo 26 de mayo al alcalde de Rinconada, Juan Galdames, por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público.
La imputación es el resultado de una investigación judicial sobre la compra de tres lotes de terreno que presuntamente implicó sobreprecios de hasta un 3.000%.
La fiscalía sostiene que las transacciones incluyeron reuniones realizadas al margen de la Ley de Lobby y el uso de documentos falsificados para inflar el valor de las propiedades.
La Contraloría General de la República ha interpuesto una demanda en relación al caso, señalando un perjuicio patrimonial que supera los 1.300 millones de pesos.
Denuncias por tasaciones infladas
Las transacciones involucraron terrenos propiedad de un socio del alcalde. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) también presentó una querella criminal, acusando a Galdames de generar tasaciones infladas para facilitar las compras.
La investigación se centra en la forma en que la municipalidad adquirió las propiedades. Los fiscales afirman que la administración utilizó instrumentos falsificados para justificar la enorme discrepancia entre el valor original y el precio de compra final.
La magnitud de la pérdida financiera ha provocado un intenso escrutinio por parte de los organismos de control nacional. La demanda de la Contraloría por un daño de 1.300 millones de pesos se basa en la diferencia entre los valores de mercado y los pagos realizados por el municipio.
El exconcejal Juan Castillo, quien es querellante en el caso, señaló que él y otros funcionarios intentaron detener el acuerdo antes de que se concretara.
“Nos dimos cuenta de que estas negociaciones, estas compras de terrenos, podrían constituir un delito; por lo tanto, le dijimos al alcalde en primera instancia que no lo hiciera, y que si lo hacía, lo denunciaríamos”, afirmó Castillo.
“El alcalde no nos escuchó, concretó los actos y hubo transferencias de mucho dinero”, añadió.
La defensa sostiene que los cargos penales carecen de fundamento legal.
El abogado defensor, José Villagrán, argumentó que las acusaciones se basan en decisiones administrativas que han sido malinterpretadas como delitos.
Villagrán afirmó que su representado ha entregado pruebas significativas a la Fiscalía para respaldar estos argumentos.
La audiencia en el tribunal de Los Andes se llevará a cabo según lo programado para el 26 de mayo.
