El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se separó temporalmente de su cargo este fin de semana tras ser señalado por fiscales estadounidenses de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político. La acusación, revelada esta semana, sostiene que Rocha Moya y otros nueve funcionarios ayudaron al grupo criminal a amenazar a candidatos opositores y robar boletas electorales durante los comicios de 2021.
En un mensaje en video publicado el viernes por la noche, Rocha Moya negó las imputaciones y justificó su licencia como una medida para defenderse. “Mi conciencia está tranquila. A mi pueblo y a mi familia, los puedo mirar a los ojos porque nunca los he traicionado y nunca lo haré”, declaró el mandatario, según reportes de Al Jazeera.
El Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia por unanimidad y en un proceso acelerado. Ante la vacante, Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como secretaria general de Gobierno, fue ratificada como gobernadora interina. Bonilla Valverde, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con una trayectoria previa en la administración estatal y fue encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en 2023.
La salida de Rocha Moya ha detonado un debate sobre la inmunidad procesal de los funcionarios. Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, aclaró que la licencia elimina el fuero constitucional de los implicados. “Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona”, afirmó Zaldívar a través de redes sociales, refiriéndose también al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quien también se separó de su cargo.
En este contexto, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), exigió que el Congreso de Sinaloa proceda con el desafuero de Rocha Moya y otros funcionarios vinculados al narcotráfico. Según reportó El Universal, Ballesteros señaló que, tras la aprobación de la licencia, el siguiente paso inminente debe ser el retiro del fuero para que los señalados enfrenten la justicia. La legisladora también criticó a la comisionada de elecciones de Morena, Citlalli Hernández, por defender al gobernador, cuestionando la postura del partido al comparar el caso con la detención de Genaro García Luna, cuyo proceso penal fue celebrado por el mismo sector político.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha solicitado formalmente al gobierno federal emitir alertas migratorias para Rocha Moya y Gámez. El vocero del CEN panista, Jorge Triana, argumentó que estas medidas son necesarias para evitar que los señalados evadan la justicia, citando como precedentes las fugas de personajes como Fernando Farías Laguna y Hernán Bermúdez. El consejero del PAN, Rafael Calderón Jiménez, añadió que los acusados deben permanecer en el país para enfrentar una eventual solicitud de extradición tras el periodo de 60 días.
La situación del senador Enrique Inzunza, también señalado por Estados Unidos, añade tensión al caso. A diferencia del gobernador y el alcalde, Inzunza no ha solicitado licencia y su paradero es incierto tras haber sido visto por última vez el 29 de abril en las oficinas del Senado. En un mensaje previo en la red social X, el senador calificó las acusaciones de “falsas y dolosas”, asegurando que son un ataque contra la Cuarta Transformación y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura reservada sobre la crisis. Al ser cuestionada sobre si su administración recomendó la licencia de Rocha Moya, la mandataria evitó dar detalles y remitió a la prensa a su conferencia matutina del lunes. Previamente, Sheinbaum había señalado que el gobierno mexicano no ha recibido evidencia concreta que sustente las acusaciones estadounidenses, enfatizando que “ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio” bajo principios soberanos.
