La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó esta semana al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a limitar su labor a la coordinación técnica y evitar la intromisión en los asuntos internos del país. El llamado de la mandataria, realizado durante su conferencia de prensa diaria del martes, responde a las declaraciones del diplomático, quien el lunes afirmó en la red social X que politizar el combate al narcotráfico representa una "oportunidad perdida" para ambas naciones.
El conflicto diplomático escaló tras un acto multitudinario el domingo, donde Sheinbaum acusó a Estados Unidos de buscar una "injerencia" en México. La presidenta se refirió específicamente a los cargos presentados por el Departamento de Justicia estadounidense contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes se les atribuyen delitos relacionados con el narcotráfico.
En respuesta a las críticas de la presidenta, Johnson sostuvo que la lucha contra los carteles debe ser un esfuerzo conjunto y no un tema de división política. "Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación", señaló el embajador, enfatizando que los ciudadanos en ambos lados de la frontera merecen vivir libres de la intimidación y la violencia.
En el plano interno, la administración de Sheinbaum enfrenta cuestionamientos sobre la implementación de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales. Durante su informe de rendición de cuentas el pasado domingo, la presidenta destacó que, por primera vez, los trabajadores de aplicaciones recibieron en mayo el reparto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
No obstante, Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), denunció en entrevista con El Universal que la realidad dista de las cifras oficiales. Según el dirigente, la mayoría de las plataformas han evitado el pago; por ejemplo, Uber argumenta que, al haber creado una nueva razón social para adaptarse a la reforma, no está obligada a realizar el reparto de utilidades este año.
Guerrero cuestionó esta justificación, señalando que dichas empresas llevan años operando en el mercado mexicano y no deben ser consideradas compañías de reciente creación. Además, el representante de la UNTA advirtió que el cumplimiento de la regulación ha sido insuficiente, pues apenas el 10% de los trabajadores de apps han logrado acceder a la seguridad social.
La UNTA reporta que las tarifas pagadas por las plataformas han disminuido, obligando a los repartidores y conductores a trabajar más de ocho horas diarias, los siete días de la semana, para intentar calificar a los beneficios sociales. Ante este escenario, la organización ha iniciado acercamientos con la Secretaría del Trabajo y evalúa emprender medidas legales y administrativas para exigir el cumplimiento de los derechos laborales establecidos.
