Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron este miércoles la reforma constitucional que modifica los plazos y reglas de la elección del Poder Judicial. Con 21 votos a favor y 9 en contra, la minuta fue turnada al pleno para su discusión definitiva en un periodo extraordinario impulsado por Morena, el PT y el PVEM.
La reforma, que busca ajustar la implementación de la reforma judicial de 2024 impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece como eje central el aplazamiento de la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros. Originalmente prevista para 2027, la jornada electoral se trasladará al primer domingo de junio de 2028, bajo el argumento oficialista de reducir la complejidad operativa y evitar el empalme con los comicios federales intermedios.
El dictamen incluye una reserva aprobada de última hora que permite a los cuatro magistrados actuales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) competir en 2028 y extender su permanencia hasta 2034. Según reportó El Universal, esta disposición permitiría que los magistrados en funciones se mantengan en el cargo por hasta 17 años, una medida que la oposición calificó como una “reelección disfrazada”.
Carolina Viggiano, senadora del PRI, criticó duramente el dictamen al señalar que la reforma judicial original ha sido un “rotundo fracaso”. Viggiano argumentó que es falso que el pueblo elija a los jueces y ministros, afirmando que los candidatos fueron definidos previamente por grupos cercanos al oficialismo y que incluso se recurrió a “acordeones” para orientar el voto ciudadano.
La reforma también establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integrará por dos secciones, las cuales solo podrán operar con la aprobación del pleno. Asimismo, se avaló reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de los magistrados y jueces que resulten electos en la jornada de junio de 2028, por lo que concluirán sus funciones en 2036.
La sesión estuvo marcada por un enfrentamiento político tras la solicitud de licencia del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien enfrenta señalamientos en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Inzunza notificó su ausencia 20 minutos antes de la reunión a través de la red social X, argumentando una “embestida” en su contra.
Alejandro Moreno, senador del PRI, arremetió contra el legislador sinaloense durante la sesión: “Este cobarde, patán del senador Inzunza, que pidió licencia, que no quiere estar aquí, demuestra la colusión, el acto con el crimen organizado”, declaró Moreno, según consignó El Financiero. La senadora Viggiano añadió que Inzunza es un “farsante” y que resulta indigno que ostente el cargo de senador, calificándolo como parte de la “narcobancada”.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, defendió la licencia como una decisión “prudente y sensata” para preservar el debate en el pleno. “Si ellos quieren apostarle al pleito y al circo, por parte de nosotros no; ya les quitamos el show”, afirmó Mier, quien aseguró que el grupo parlamentario busca cuidar la unidad y la altura del debate legislativo.