El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó el viernes 1 de mayo una licencia temporal para separarse de su cargo tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, con el Cártel de Sinaloa. La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado este sábado 2 de mayo, permitiendo al mandatario separarse de sus funciones por un periodo de 30 días.
“Tengo la conciencia tranquila. Lo digo clara y contundentemente: Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, afirmó Rocha Moya en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. El gobernador, quien apenas un día antes había descartado abandonar el cargo, sostuvo que su decisión responde a una “convicción republicana” para no entorpecer la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Minutos después del anuncio del gobernador, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó una licencia temporal por más de diez días. El cabildo de la capital sinaloense aprobó la separación del edil morenista en una sesión extraordinaria donde este no estuvo presente, siendo sustituido por la síndica procuradora, Ana Miriam Ramos Villarreal.
La regidora del PRI, Erika Sánchez, criticó durante la sesión que el alcalde no tuviera el valor de presentarse personalmente ante el cabildo. La recién designada encargada del Ayuntamiento, Ramos Villarreal, confirmó tras la sesión que la medida responde directamente a las investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia estadounidense sobre los supuestos nexos del edil con la facción de “Los Chapitos”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el caso este sábado durante su conferencia matutina, enfatizando que en México debe prevalecer la presunción de inocencia. “Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México”, declaró la mandataria, subrayando que cualquier señalamiento extranjero debe sustentarse con pruebas dentro del marco jurídico nacional.
Sheinbaum Pardo rechazó las presiones externas sobre la soberanía judicial del país y reiteró que corresponde a la FGR realizar los análisis pertinentes. “Es la fiscalía la que tiene que hacer el análisis, ver qué pruebas hay y, si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.
La oposición ha calificado estas medidas como insuficientes ante la magnitud de la crisis. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, señaló a través de sus redes sociales que “la licencia es un paso, pero no es suficiente”, argumentando que mientras los funcionarios mantengan el fuero, la impunidad persiste, por lo que exigió el desafuero de los implicados.
Por su parte, la dirigencia del PRI en Sinaloa advirtió que la solicitud de licencia “confirma que la crisis es real y de gran magnitud”. El partido demandó que el proceso no se limite a una separación temporal, exigiendo transparencia y rendición de cuentas sobre quiénes están involucrados y qué responsabilidades existen realmente en la entidad.
La FGR ha mantenido que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para proceder con detenciones contra los funcionarios señalados. La institución ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos que amplíe la información y las pruebas que sustentan sus acusaciones para continuar con las indagatorias en curso.
