El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máyrende, junto al diputado Gibrán Ramírez, presentó una denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios públicos. La solicitud responde a las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vincula a los funcionarios con el narcotráfico y la posesión de armas de fuego.
La denuncia interpuesta por el emecista busca remover la inmunidad procesal de Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Villamil. Según reportó El Universal, la acusación de las autoridades norteamericanas sugiere que estos funcionarios se asociaron con el Cártel de Sinaloa para la distribución de drogas en territorio estadounidense.
Jorge Álvarez Máynez utilizó sus redes sociales para fundamentar la petición, señalando que los implicados deben enfrentar la justicia de manera transparente. "Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han de haber sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero", escribió el líder de Movimiento Ciudadano, según lo informado por El Universal y El Financiero.
Reacciones políticas y postura federal
La solicitud de desafuero ha generado una respuesta inmediata de los actores políticos en México. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, criticó la acción de Movimiento Ciudadano, calificándola de oportunista. A través de sus redes sociales, Noroña reclamó que la responsabilidad de solicitar el proceso recae en la instancia judicial correspondiente. “Quien debe pedir el desafuero es la FGR, en este caso. Ustedes no pintan de nada con su oportunismo”, manifestó el legislador, de acuerdo con la cobertura de El Financiero.
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó de manera tajante las imputaciones que lo vinculan con el crimen organizado. El mandatario estatal calificó las acusaciones como carentes de veracidad y sostuvo que el ataque es un intento contra la estructura de la Cuarta Transformación. Rocha Moya también negó haber solicitado licencia para separarse de su cargo para evitar los procesos legales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el caso durante su conferencia matutina. La mandataria enfatizó que su postura se basa en la defensa de la soberanía y la búsqueda de la verdad. Sheinbaum señaló que, si la Fiscalía General de la República (FGR) presenta pruebas contundentes bajo la legislación mexicana, la institución tendrá que proceder con las investigaciones correspondientes, según reportó El Universal.
Antecedentes y situación de la FGR
El contexto de estas acusaciones se remonta a operativos y eventos que han involucrado la cooperación entre México y Estados Unidos. El Financiero detalla que la Fiscalía General de la República confirmó la recepción de una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, aunque la institución ha condicionado cualquier arresto debido a la falta de pruebas suficientes en este momento.
Ulises Lara López, vocero de la FGR, advirtió sobre la necesidad de manejar la información con cautela para evitar filtraciones que comprometan el proceso. El funcionario señaló que la propia solicitud de extradición requiere que México tome medidas para asegurar que los detalles de la investigación no se hagan de dominio público, como ha ocurrido en casos previos.
La crisis política y de seguridad en la región se suma a un historial de tensiones relacionadas con el control del Cártel de Sinaloa. Reportes analizados por El Financiero vinculan la situación actual con eventos de 2024, incluyendo el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense y las investigaciones sobre el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuen, un caso donde la FGR determinó que hubo un montaje en la narrativa inicial de las autoridades locales de Sinaloa.
