Puerto Vallarta experimenta un lento regreso a la normalidad tras los actos de violencia atribuidos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) posteriores al abatimiento de su líder, según reportes locales. Las secuelas del conflicto incluyen más de 200 vehículos incendiados, afectaciones a medio centenar de comercios y la fuga de 23 reclusos del penal local.
El alcalde Luis Munguía, criticado por su ausencia inicial durante la crisis, confirmó la llegada del buque Usumacinta de la Armada de México con más de 100 efectivos militares y vehículos de apoyo a las tareas de seguridad. Esta movilización busca reforzar la presencia estatal y federal en el municipio.
Las operaciones aeroportuarias han mostrado signos de mejoría, con el Grupo Aeroportuario del Pacífico informando que el Aeropuerto Internacional opera al 95% de su capacidad. No obstante, las autoridades recomiendan a los viajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas.
En las arterias principales de la ciudad, cuadrillas municipales trabajan en la remoción de escombros y vehículos dañados, mientras el transporte público restablece gradualmente sus rutas. Comercios, especialmente en zonas turísticas, reabrieron con cautela tras los incidentes de saqueo y daños por fuego.
Las actividades escolares en Puerto Vallarta y el resto del estado se reactivarán este miércoles 25 de febrero, a pesar de que el Código Rojo permanece activo, señalando que la situación de emergencia no ha concluido formalmente. Esto refleja la presión por normalizar la vida económica y social de la región.
Los avisos de seguridad emitidos por Estados Unidos y Canadá continúan vigentes, instando a sus ciudadanos a permanecer en áreas pobladas y acatar las directrices de las autoridades mexicanas. Estos llamados subrayan la percepción internacional sobre la inestabilidad reciente en la región costera.
El restablecimiento de la confianza en un importante polo turístico como Puerto Vallarta es crucial para la economía de Jalisco. La magnitud de los daños materiales y la interrupción de servicios ponen a prueba la capacidad de respuesta gubernamental ante eventos de alta tensión criminal.
