La naviera danesa A.P. Moller-Maersk, a través de su filial APM Terminals, asumirá la administración temporal de los puertos Balboa y Cristóbal situados en el Canal de Panamá. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) formalizó el traspaso el viernes, un día después de que la Corte Suprema panameña invalidara los contratos vigentes de la empresa CK Hutchison Holdings.
El fallo judicial determinó que los contratos, que estaban en manos de Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison, presentaban un sesgo “desproporcionado” a favor de la compañía con sede en Hong Kong. Estos puertos son estratégicos, ya que manejan una porción significativa del tráfico de contenedores que utiliza la vía interoceánica.
APM Terminals tomará el control operativo de las terminales ubicadas en ambos extremos del canal, una medida que se implementará de forma provisional mientras se definen los futuros acuerdos de concesión. CK Hutchison había gestionado estos activos desde mil novecientos noventa y siete, con una renovación de contrato en dos mil veintiuno por veinticinco años.
El Canal de Panamá, que conecta el océano Atlántico y el Pacífico, es fundamental para el comercio global, manejando aproximadamente el cuarenta % del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el cinco % del comercio mundial. Panamá administra la vía desde mil novecientos noventa y nueve, tras la transferencia de soberanía desde Estados Unidos.
La decisión judicial generó reacciones internacionales inmediatas. Washington acogió con satisfacción la anulación de los contratos, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, a través de su portavoz Guo Jiakun, afirmó que Beijing tomaría las medidas necesarias para proteger los derechos de sus empresas.
PPC emitió un comunicado señalando que el fallo carece de base legal y amenaza el bienestar de miles de familias panameñas dependientes de sus operaciones. La disputa subraya la sensibilidad geopolítica que rodea la infraestructura crítica del canal, históricamente un punto de fricción entre Estados Unidos y China.
El desenlace de esta disputa contractual podría influir en la percepción de riesgo para futuras inversiones extranjeras en infraestructura estratégica dentro de Panamá. La AMP deberá ahora establecer un marco claro para la licitación o renegociación de la administración de estas terminales esenciales.
