El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 65 de los 125 juzgados cívicos en el Estado de México disponen de espacios médicos. La información proviene del Censo Nacional de Gobiernos Municipales publicado en marzo. Este hallazgo marca un avance en la infraestructura para evaluar a personas infractoras en la región.
Infraestructura y Personal
De los municipios evaluados, 61 cuentan con áreas específicas para realizar evaluaciones sicosociales. El documento detalla las capacidades operativas requeridas para el funcionamiento adecuado de la justicia cívica municipal. Asimismo, 122 juzgados cuentan con oficinas para el personal administrativo y 113 espacios para atención al público.
En el ámbito nacional, se registraron 47 muertes de personas infractoras en 2024. Solo dos de estos casos ocurrieron en la entidad mexiquense, ambos clasificados como suicidios en Chalco y Otumba. La cifra refleja la gravedad de los procedimientos administrativos en la región.
Gasto y Recursos
El presupuesto ejercido a nivel nacional para estos espacios alcanzó dos mil 529 millones de pesos en 2024. El Estado de México concentró 49% de este recurso, sumando un mil 239.2 millones de pesos. La entidad cuenta con 229 personas juzgadoras cívicas activas en sus municipios.
Algunos municipios muestran rezagos significativos en cuanto a las condiciones de justicia cívica. Entre las localidades más rezagadas se encuentran Donato Guerra, Isidro Fabela y Mexicaltzingo. Siete municipios no registraron información en el censo oficial.
Las faltas cívicas más comunes incluyen ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. También figuran generar escándalos o conducir vehículos en estado de ebriedad. Los datos del censo reflejan la inversión estatal en la modernización de los sistemas de justicia local.
Esta infraestructura busca mejorar la atención a menores y el resguardo de pertenencias. Las autoridades continuarán monitoreando la capacidad operativa de las 325 celdas existentes en la región. El avance en esta materia es relevante para la seguridad pública y la eficiencia judicial.
Según reportó El Universal, la evaluación cubre áreas de registro y resguardo de pertenencias. La transparencia en los datos permite a los ciudadanos conocer el estado de los servicios judiciales locales.
