La organización civil internacional Oceana exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a establecer mecanismos de coordinación interinstitucional transparentes ante el nuevo derrame de crudo en el Golfo de México. La entidad solicitó adoptar medidas estructurales para evitar que la región enfrente crisis similares sin responsables claros. Este llamado surge a casi 20 días del primer reporte de chapopote en las costas del sur de Veracruz y el norte de Tabasco.
Renata Terrazas, directora ejecutiva de la organización, señaló que el Golfo no puede seguir siendo tratado como una zona de sacrificio ambiental. Miles de familias pesqueras e indígenas pagan con su salud y sustento el costo de una riqueza que no les pertenece. La demanda incluye una reparación del daño a las comunidades afectadas por la contaminación.
A pesar de las denuncias, la autoridad federal no ha podido establecer la causa del derrame ni identificar responsables hasta el momento. La información oficial sigue siendo contradictoria e insuficiente ante la magnitud del daño señalado por las comunidades locales. La opacidad en torno al incidente genera impunidad según reportó El Universal.
Las denuncias de la red del Corredor Arrecifal indican un rastro de daño ecosistémico que incluye la muerte de tortugas marinas y manatíes. Se reportan afectaciones a los 17 arrecifes de coral del Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México. Además, el chapopote ha invadido la Laguna del Ostión, un ecosistema vital para nueve comunidades.
El reporte de la organización documenta el desastre de Deepwater Horizon, que liberó cerca de 4.9 millones de barriles de petróleo durante 87 días. Este evento histórico provocó consecuencias directas sobre la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las poblaciones costeras. La evidencia científica advierte sobre la persistencia de los efectos de los derrames durante años o décadas.
Otros incidentes relevantes incluyen el pozo Ixtoc-I, que vertió aproximadamente 560 millones de litros de crudo durante 280 días en 1979. En 2025, la Secretaría de Marina activó el Plan Nacional de Contingencias Nivel III ante un derrame en Río Pantepec-Tuxpan. Estos antecedentes refuerzan la urgencia de una respuesta institucional efectiva.
El marco jurídico mexicano establece que es obligación del estado regular, monitorear y sancionar los vertimientos de hidrocarburos en aguas nacionales. La ley general del equilibrio ecológico y la ley del sector hidrocarburos exigen que los responsables reparen los daños causados. Oceanía recordó que la Constitución garantiza el derecho a un medio ambiente sano.
La falta de claridad sobre las causas del accidente dificulta que las autoridades diseñen estrategias de atención efectivas. Sin justicia clara, resulta imposible garantizar la reparación del daño a las comunidades vulnerables. El incidente destaca la necesidad de replantear el modelo de desarrollo del Golfo de México.
Organizaciones civiles instan al gobierno federal a activar protocolos de rendición de cuentas vinculantes. Se espera que la administración pública informe sobre las acciones correctivas en los próximos días. La situación mantendrá la presión sobre Pemex y las autoridades ambientales del país.
