La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la fiscal Ernestina Godoy Ramos presentaron este martes la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio. La iniciativa contempla penas de prisión de 40 a 70 años para los agresores y busca homologar los protocolos de investigación en todo el país. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la administración federal en la Ciudad de México.
Según explicó Godoy Ramos, la propuesta incluye multas de hasta 234 mil pesos para los responsables de estos crímenes. Estas sanciones equivalen a mil o dos mil Unidades de Medida y Actualización vigentes en el sistema económico nacional. La titular de la Fiscalía General de la República detalló los montos durante la exposición de la iniciativa ante la prensa oficial.
La fiscalía enumeró nueve razones de género que definen el delito de feminicidio en la nueva legislación propuesta por el ejecutivo. Entre los criterios se incluyen violencia sexual, lesiones degradantes y antecedentes de violencia previa contra la víctima identificada. También se consideran los estereotipos y la subordinación de las mujeres en las relaciones de poder establecidas socialmente.
21 agravantes permitirán incrementar las penas según el perfil específico de la víctima identificada por las autoridades. Los factores de riesgo incluyen si la mujer es menor de edad, migrante o periodista en ejercicio de su profesión. Las personas con discapacidad o pertenecientes a pueblos originarios también reciben protección especial bajo la nueva norma.
La iniciativa plantea una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley federal vinculante para todo el país. Esto modificaría el artículo 73 de la Constitución para homologar el tipo penal en las distintas entidades federativas del territorio nacional. El objetivo es unificar protocolos de investigación en todo el territorio nacional bajo estándares federales estrictos y obligatorios.
Todas las fiscalías del país deberán crear unidades especializadas con perspectiva de género en sus estructuras operativas internas. El personal técnico y pericial deberá tener formación en análisis de contexto de violencia y debida diligencia procesal integral. Los ministerios públicos estarán obligados a investigar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis de feminicidio desde el inicio.
Los responsables del delito perderán la patria potestad y los derechos sobre bienes relacionados con las víctimas directas. Además, quedarán destituidos de cualquier cargo público y perderán beneficios legales asociados a la causa judicial. La medida busca garantizar que el Estado responda estructuralmente ante esta violación a los derechos humanos fundamentales.
Ernestina Godoy Ramos indicó que este será el primer documento del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. La iniciativa se entregará al Senado para su aprobación y discusión posterior en la cámara alta legislativa. La reforma se considera una deuda histórica respecto a la investigación y acceso a la justicia para las familias.
Ingrid Gómez de la Secretaría de las Mujeres anunció la creación de una comisión especial para la prevención. Se articulará una campaña permanente contra la violencia feminicida bajo este nuevo marco legal vigente en la nación. El gobierno espera homologar los protocolos de atención a víctimas en las próximas semanas según reportó El Universal.
