Funcionarios cubanos liberaron a más de 2.000 prisioneros este Viernes Santo, calificando la medida de clemencia masiva como un gesto humanitario. El gobierno anunció la decisión durante la festividad, aunque mantuvo estrictos requisitos de elegibilidad para quienes buscaban obtener su libertad.
Los indultos excluyen a cualquier persona condenada por delitos violentos, incluidos homicidios, agresiones sexuales y robos a mano armada. Las autoridades también descalificaron a individuos sentenciados por delitos relacionados con drogas, corrupción de menores y delitos contra la autoridad.
Críticos cuestionan el alcance de los indultos
Organizaciones de derechos humanos han expresado su escepticismo sobre la verdadera naturaleza de estas liberaciones. El grupo de defensa Justicia 11J destacó específicamente la exclusión de aquellos condenados por "delitos contra la autoridad", una categoría legal que abarca cargos como resistencia y desacato.
"Resulta especialmente preocupante la mención de los llamados 'delitos contra la autoridad', que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato", señaló la organización. La ONG sostiene que las autoridades cubanas utilizan frecuentemente estas categorías legales específicas para criminalizar a la oposición política.
Justicia 11J estima que actualmente hay 775 personas detenidas en Cuba por motivos políticos. Hasta la tarde del viernes, el grupo de derechos humanos Cubalex, con sede en Miami, informó que no había podido verificar la liberación de un solo preso político.
Laritza Diversent, directora de Cubalex, declaró a la AFP que su organización no tiene pruebas de que ninguno de los individuos detenidos por sus actividades políticas se encuentre entre los que obtuvieron la libertad. El gobierno no ha proporcionado un desglose detallado de las identidades ni de los cargos específicos de los 2.000 prisioneros liberados hoy.
El gobierno cubano recurre frecuentemente a los indultos durante festividades religiosas, a menudo tras recibir peticiones de familiares o en respuesta a la presión internacional. Sin embargo, estas listas rara vez están sujetas a una supervisión independiente, lo que obliga a los grupos de derechos humanos a depender de su propio monitoreo para determinar quiénes están incluidos en el conteo oficial.
