Masivos apagones en Cuba coincidieron con el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a cualquier nación que venda o suministre petróleo a la isla caribeña. A medida que la noticia se difundió, creció la indignación entre los ciudadanos, quienes perciben la decisión como un endurecimiento de las condiciones de vida ya afectadas por sanciones previas.
Trump describió a Cuba como una "nación fallida" incapaz de sobrevivir, según reportó Associated Press. Ciudadanos entrevistados compararon la situación actual con el "Período Especial" de la década de 1990, señalando que la escasez de combustible y bienes básicos es actualmente más severa.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la acción como "fascista, criminal y genocida" en la plataforma X, acusando a Trump de secuestrar los intereses del pueblo estadounidense para beneficio personal. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, declaró una emergencia internacional ante lo que consideró una amenaza extraordinaria.
La medida impacta directamente en los proveedores clave de combustible de Cuba, especialmente Venezuela, su principal aliado, y México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que buscaría alternativas para evitar una crisis humanitaria, incluso sugiriendo que Estados Unidos podría gestionar el envío de petróleo mexicano a la isla.
Expertos en energía, como Jorge Piñón del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, advierten que la situación es crítica, ya que el diésel es la columna vertebral de la economía cubana. Piñón señaló que la disponibilidad de reservas de combustible para las próximas cuatro a ocho semanas es el factor determinante para el futuro inmediato de la isla.
La demanda diaria de energía en Cuba ronda los 3,000 megavatios, frecuentemente por encima de la capacidad disponible, lo que resulta en cortes generalizados. Los residentes expresaron temor sobre cómo continuarán realizando actividades esenciales, como el trabajo, sin un suministro eléctrico estable.
La comunidad internacional ha reaccionado, con el gobierno venezolano condenando la medida por violar el derecho internacional y los principios del comercio global. Mientras tanto, la población cubana enfrenta la perspectiva de un mayor deterioro económico derivado de estas tensiones geopolíticas.
