El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha abierto un complejo flanco político y técnico tras denunciar, durante la presentación del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la actual administración, la existencia de graves errores contables en el reporte elaborado por el gobierno anterior. Según el secretario de Estado, la gestión precedente habría omitido deuda pública por un monto aproximado de US$ 10.500 millones para el periodo 2026-2030, una cifra que, de ser validada, alteraría las proyecciones fiscales del país.
La presentación del informe, que había sido postergada en dos oportunidades, llamó la atención de los mercados y analistas debido a que fue encabezada directamente por el ministro Quiroz, desplazando la labor habitual de la Dirección de Presupuestos. El titular de Hacienda anunció la apertura de una investigación interna para determinar si la divergencia en las cifras responde a un error contable o a elementos de otra naturaleza, sin descartar la posibilidad de elevar el caso a instancias judiciales.
La reacción política fue inmediata y contundente. Parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario anunciaron la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, responsabilizándolo por la supuesta irregularidad. Sin embargo, este movimiento ha generado tensiones incluso dentro de la oposición, ya que el bloque Chile Vamos ha marcado distancia frente a la estrategia de los partidos impulsores de la acusación.
Por su parte, las exautoridades económicas del gobierno anterior han rechazado categóricamente las acusaciones de manipulación o error. Argumentan que la transformación de un déficit en deuda pública depende de múltiples factores técnicos y que el procedimiento utilizado en su gestión se ajustó a los criterios establecidos, calificando la denuncia de Quiroz como infundada.
Diversos analistas han cuestionado la falta de un chequeo técnico exhaustivo previo a la denuncia pública realizada por el ministro. La crítica central apunta a que el secretario de Estado expuso al gobierno y a la imagen del país ante los mercados internacionales con una acusación que carece de consenso técnico, abriendo flancos innecesarios. La controversia no solo ha tensado la relación entre el oficialismo y la oposición, sino que también ha evidenciado grietas internas dentro de la propia coalición de gobierno, ante la incertidumbre sobre el impacto real de estas cifras en la estabilidad financiera proyectada.
