El empresario Michael Clark Varela interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para solicitar la inaplicabilidad de un artículo de la Ley de Mercado de Valores. Su objetivo es evitar ser considerado controlador indirecto de la sociedad deportiva Azul Azul. Esta acción judicial busca anular la obligación de presentar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones.
La Comisión para el Mercado Financiero declaró a Clark como controlador tras analizar la compra de cuotas del fondo Tactical Sport. Esta entidad financiera posee la gran mayoría de las acciones del club de fútbol en Santiago. La autoridad reguladora determinó que la compra del 90% del fondo otorga poder de decisión sobre la sociedad.
En diciembre de 2024, la sociedad Inversiones Antumalal concretó la adquisición del fondo de inversión. Esta operación financiera cambió el equilibrio de poder dentro de la institución deportiva nacional. Los analistas financieros observaron que la maniobra permitió a Clark influir en la administración del club.
El conflicto legal surge porque la normativa exige realizar una OPA cuando un accionista alcanza el control de una empresa. Sin embargo, Clark sostiene que la ley de fondos privados prohíbe realizar dicha oferta públicamente. Su defensa considera que cumplir ambas normas genera un imposible jurídico inconstitucional.
La Corte de Apelaciones rechazó su reclamo de ilegalidad el tres de septiembre de 2025. La instancia judicial confirmó la legalidad de la actuación de la Comisión para el Mercado Financiero. Posteriormente, el empresario acudió a la Corte Suprema y finalmente al Tribunal Constitucional.
La defensa técnica del empresario cuenta con el abogado Gonzalo García, quien fue ministro de dicha Corte. Los informes en derecho fueron encargados a expertos como Carlos Peña y Alejandro Ferreiro. Estos profesionales argumentan que la interpretación actual de la autoridad carece de sustento legal.
Carlos Peña explicó que el concepto de control en derecho corporativo es normativo y no fáctico. Según su reporte, es un error afirmar que las acciones pertenecen directamente al fondo como persona. La adquisición de cuotas no implica necesariamente un control normativo sobre la entidad.
Alejandro Ferreiro sostuvo que no existía forma alguna de prever que la autoridad atribuiría la calidad de controlador. El experto señaló que el prospecto de inversión de 2011 establecía claramente otros controles. La tesis actual resulta inconsistente con pronunciamientos previos del regulador bursátil.
La resolución del Tribunal Constitucional podría establecer un precedente para las compras de clubes en Chile. Las obligaciones de transparencia en el mercado de valores chocan con la estructura de fondos privados. El mercado financiero espera una definición clara sobre el control indirecto en el deporte.
Se espera que la Primera Sala del Tribunal Constitucional emita una resolución en los próximos meses. La decisión definirá si las reglas corporativas aplican estrictamente a las operaciones en el fútbol. Los inversores observarán si se mantiene la calificación de controlador sobre la institución azul.
