La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó este miércoles que el Ejecutivo no cuenta aún con una estrategia para mitigar el cobro de una deuda acumulada. Las distribuidoras eléctricas deben recibir 800 millones de dólares a partir de abril tras el congelamiento de tarifas. El anuncio se realizó durante una sesión en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ordenó el cobro de la deuda acumulada el mes pasado. Este monto representa un recargo directo en las facturas de los hogares y las empresas del país. Rincón asistió a la comisión con su equipo para responder a las consultas del diputado Sebastián Videla sobre las alternativas planeadas.
“Diputado, no queremos adelantar porque no tenemos la fórmula todavía”, expuso la ministra ante las preguntas. Ella detalló que buscan una solución dada la contingencia económica y por mandato del Presidente de la República. Insistió en que se trata de una deuda que tienen todos los clientes, incluidos los propios funcionarios públicos.
Antes de asumir, la ex ministra Rincón recibió información del entonces biministro Álvaro García sobre el tema. García había presentado un proyecto de ley para neutralizar el alza mediante un cargo promedio de 1.450 pesos por hogar. El plan incluía un subsidio para que el 40% de la población más vulnerable no pagara el costo adicional.
Durante la reunión de traspaso, el actual subsecretario de Energía, Hugo Briones, cuestionó la lógica del mecanismo. Briones señaló que los hogares que consumen menos terminarían subsidiando a los de mayor consumo. García habría explicado que se trataba de un promedio, pero el proyecto no fue enviado al Parlamento.
La reunión de traspaso duró dos horas y el 60% del tiempo se dedicó al hidrógeno verde y el resto a otros temas. Videla cerró la sesión destacando que, aunque preocupa la falta de fórmula, las cuentas subirán el primero de abril. La situación genera incertidumbre sobre el impacto en la inflación y el gasto energético de los chilenos.
La transición entre ministerios dejó temas pendientes que ahora deben resolverse urgentemente para evitar conflictos sociales. Los analistas económicos observarán cómo el gobierno maneja la presión social por los servicios públicos esenciales. El sector eléctrico busca estabilidad mientras el Ejecutivo evalúa nuevas medidas fiscales y sociales.
La falta de una solución inmediata afectará el poder adquisitivo de los hogares antes de las próximas elecciones regionales. Los consumidores deberán afrontar el incremento en sus facturas sin mecanismos de compensación claros en la primera quincena. El gobierno mantiene que la deuda es un pasivo histórico que requiere cobertura legal inmediata.
Se prevé que el Ejecutivo presente una propuesta concreta en las próximas semanas para regularizar la situación. Mientras tanto, los usuarios deberán asumir el incremento sin mecanismos de compensación claros. Se vigilará la respuesta del Congreso ante la presión de los gremios de distribución eléctrica y los consumidores.
