México enfrenta una brecha cada vez mayor en sus esfuerzos por frenar la extorsión a través de un registro obligatorio de telefonía móvil. Hasta el 8 de marzo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que solo 20.4 millones de las 161.7 millones de líneas activas en el país están vinculadas a una identidad verificada.
Para cumplir con la fecha límite del gobierno del 30 de junio, se requiere que aproximadamente 934,000 usuarios verifiquen sus datos diariamente. Actualmente, el sistema procesa cerca de 346,000 registros al día, apenas un tercio del ritmo necesario.
Los defensores de la medida sostienen que eliminar el anonimato es un paso necesario para combatir al crimen organizado. El presidente de la Concanaco Servytur afirmó que vincular las líneas telefónicas a personas o empresas específicas crea un rastro para los investigadores. Considera que esta transparencia brindará mayor seguridad a las pequeñas y medianas empresas y fomentará la confianza económica.
Crecen las preocupaciones sobre la privacidad de los datos
A pesar del impulso por la seguridad, los líderes de la industria se mantienen escépticos sobre la capacidad del gobierno para proteger la información sensible que se está recopilando. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), advirtió que el registro podría crear involuntariamente una hoja de ruta para los delincuentes.
“Podríamos estar entregando información a los criminales en bandeja de plata”, señaló Rivera. “Tengo mis dudas porque no existe ninguna garantía sobre el manejo correcto y seguro de la información proporcionada”.
Los críticos señalan la falta de infraestructura para salvaguardar una base de datos tan masiva, temiendo que una filtración pueda exponer a millones de ciudadanos a nuevos fraudes. La presión para registrarse sigue siendo alta mientras las tasas de extorsión continúan aumentando a pesar de las medidas de seguridad existentes.
Las cifras oficiales de 2025 muestran 11,081 víctimas de extorsión denunciadas, marcando el nivel más alto en la última década. Esto representa un aumento del 2% respecto a 2024, aunque los expertos sugieren que la cifra real de incidentes es significativamente mayor debido a la falta de denuncias. Por ahora, el registro se mantiene como un pilar central, aunque polémico, de la estrategia gubernamental para abordar uno de los delitos más persistentes del país.
