El umbral de la discordia
La Dirección de Presupuestos (Dipres) actualizó recientemente las perspectivas fiscales del país hacia 2030, revelando que la deuda pública proyectada superará el umbral del 45% del PIB. Este punto de referencia, ampliamente considerado como un nivel 'prudente', ha generado alarma pública respecto a la estabilidad económica a largo plazo del país.
En una columna para La Tercera, los economistas Patricio Rojas y Félix Berríos sostienen que el enfoque actual en este umbral numérico específico es fundamentalmente erróneo. Argumentan que el límite del 45% nunca tuvo la intención de servir como un objetivo económico integral para guiar la política estatal, sino más bien como una herramienta de mitigación de riesgos.
Según Rojas y Berríos, el propósito principal de este umbral es reducir la probabilidad de trayectorias fiscales insostenibles. Escenarios de este tipo podrían derivar en consecuencias graves, como la pérdida de acceso al financiamiento, aumentos persistentes en los costos del servicio de la deuda y una inestabilidad macroeconómica generalizada.
'El nivel prudente de deuda no es una constante, como parece haberse instalado en la discusión', señalaron los autores. 'Por el contrario, es un nivel dinámico, que depende del crecimiento económico, el costo del financiamiento, el ciclo, la volatilidad y la capacidad futura de generar ingresos'.
Los autores enfatizan que la sostenibilidad fiscal debe entenderse como una restricción intertemporal y no como una cifra estática. Argumentan que superar un umbral —incluso por un período prolongado— no implica necesariamente una pérdida de sostenibilidad si el gobierno mantiene una trayectoria creíble y coherente hacia la convergencia. Por el contrario, advierten que una nación podría cumplir estrictamente con una meta numérica y, aun así, operar bajo una estructura fiscal frágil y propensa a la insolvencia.
El rol del Consejo Fiscal Autónomo
El papel del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sigue siendo central en este debate, ya que la institución ha sido fundamental para fomentar un consenso transversal en torno al orden fiscal. Sin embargo, Rojas y Berríos advierten contra la interpretación errónea del escepticismo técnico del CFA respecto a las propuestas legislativas actuales.
Sostienen que la cautela inherente del CFA, si bien es vital para la supervisión técnica, no debería utilizarse como un argumento general para rechazar iniciativas políticas. Los autores concluyen que los legisladores deben distinguir entre las necesarias advertencias técnicas del CFA y la responsabilidad política más amplia de evaluar la legislación basándose en su impacto económico a largo plazo y en los objetivos de bienestar social.
