El Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil ha incorporado a BYD a su registro oficial de empleadores vinculados a condiciones laborales análogas a la esclavitud. Esta medida impide que la automotriz china acceda a líneas de crédito de la banca estatal brasileña, lo que supone una escalada significativa en la disputa sobre la construcción de su fábrica en el estado de Bahía.
Aunque la empresa mantiene la producción en las instalaciones, la resolución gubernamental responsabiliza al fabricante por las acciones de su contratista, el Grupo Jinjiang. Las autoridades brasileñas determinaron que BYD no ejerció la supervisión necesaria sobre el trato dado a los 163 trabajadores chinos trasladados al país para levantar la planta.
Evidencias de explotación laboral
Los investigadores descubrieron una serie de prácticas que condujeron a esta sanción. Según los informes oficiales, los trabajadores debían entregar sus pasaportes al empleador al llegar al país. Además, los contratos estipulaban que una parte sustancial de sus salarios debía depositarse directamente en cuentas en China.
Asimismo, se exigía a los empleados un depósito de aproximadamente 900 dólares, reembolsable solo tras seis meses de servicio. Los inspectores de trabajo calificaron las condiciones de vida como "degradantes", señalando que hasta 31 trabajadores se alojaban en unidades que compartían un solo baño. Los informes también detallaron condiciones insalubres, con alimentos almacenados en el suelo junto a efectos personales.
El Grupo Jinjiang ha rechazado las acusaciones de abuso. Por su parte, BYD sostiene que desconocía estas irregularidades hasta que fueron expuestas por medios de comunicación brasileños a finales de noviembre. A pesar de estas declaraciones, el gobierno brasileño insiste en que la automotriz tiene responsabilidad legal sobre las condiciones dentro de su obra.
BYD había llegado previamente a un acuerdo con la fiscalía laboral, pero este no satisfizo a las autoridades de inspección. Tras agotar sus recursos administrativos, la empresa enfrenta un periodo de dos años en la lista negra del gobierno. La compañía solo podría salir antes de tiempo si interviene un tribunal o si logra negociar un acuerdo compensatorio con el gobierno que incluya medidas correctivas específicas.
El escándalo ha complicado la expansión de BYD en Brasil, un centro vital para la estrategia global de la empresa. Aunque la fábrica ya ha producido más de 25.000 vehículos, la disputa laboral ha ensombrecido el proyecto industrial. La situación sigue siendo un punto de fricción en los, por lo demás, sólidos lazos diplomáticos y comerciales entre Brasilia y Pekín.
