Un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., ha impedido que un juez de instancia inferior prosiga con un proceso de desacato criminal contra la administración Trump tras la deportación de inmigrantes venezolanos el año pasado.
En una decisión de dos votos contra uno emitida este martes, un panel de apelaciones detuvo los planes del juez de distrito James Boasberg de celebrar audiencias para determinar si la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios debían enfrentar cargos penales.
La mayoría dictaminó que los esfuerzos de Boasberg y del tribunal inferior constituyeron un “claro abuso de discreción”.
La jueza Neomi Rao, en representación de la mayoría, señaló que la orden de Boasberg del 15 de marzo de 2025, que disponía el retorno de dos vuelos de deportación hacia El Salvador, no prohibía explícitamente la entrega de los inmigrantes a las autoridades salvadoreñas.
“El desacato criminal solo procede ante la violación de una orden que sea clara y específica”, escribió Rao.
Asimismo, añadió que las investigaciones por desacato resultaban “intrusivas” y suponían un riesgo de exponer deliberaciones de alto nivel relacionadas con la seguridad nacional y la diplomacia.
Conflicto legal por la Ley de Enemigos Extranjeros
El caso se centra en la expulsión de 137 ciudadanos venezolanos en marzo de 2025. La administración Trump acusó al grupo de tener vínculos con la banda criminal Tren de Aragua.
Las autoridades recurrieron a la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que data de 1798, para facilitar las deportaciones. Los abogados de los inmigrantes argumentaron que el uso de esta ley eludió el debido proceso y les impidió presentar apelaciones.
Algunos inmigrantes también fueron acusados de pertenecer a bandas criminales basándose únicamente en sus tatuajes y vestimenta. Tras pasar meses en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, los hombres fueron trasladados a Venezuela en julio de 2025 como parte de un intercambio de prisioneros.
El juez Boasberg sugirió previamente que la administración actuó “de mala fe” al apresurar los vuelos mientras él revisaba la legalidad de la medida. Por su parte, la administración Trump respondió calificando a Boasberg de “lunático de la extrema izquierda” y acusándolo de utilizar su cargo con fines políticos.
El fallo se dividió según líneas partidistas. Los jueces Neomi Rao y Justin Walker, designados por Trump, conformaron la mayoría, mientras que la jueza J. Michelle Childs, designada por Biden, presentó su voto particular.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó en la red social X que el fallo debería poner fin a la “campaña de un año contra los dedicados abogados del Departamento que simplemente cumplen con su labor de combatir la inmigración ilegal”.
