La ejecución de las maniobras para extraer el catamarán “KOÑIMO I” del fondo del estuario de Reloncaví permanece sin una definición clara de responsables. A más de dos meses del hundimiento que dejó seis trabajadores fallecidos en la región de Los Lagos, la nave continúa a 40 metros de profundidad.
La Armada de Chile sostiene que la responsabilidad de realizar el reflotamiento recae sobre la empresa Koñimo, dueña de la motonave. Sin embargo, el proceso enfrenta una disputa legal por la ubicación de los restos.
El abogado Francisco Paredes, quien representa a la familia del tripulante Marco Árgel, sostiene que la empresa Trusal también debe asumir la obligación. Según su postura, los restos de la embarcación se encuentran dentro del perímetro de la concesión de dicha compañía.
"Trusal tiene la obligación de preservar el fondo marino y preservar la seguridad de la navegación", afirmó Paredes. El abogado también presentó una querella por homicidio culposo y una acción legal para sancionar la contaminación en el estuario.
La carga que bloqueó la salida
La investigación apunta a que una carga mal estibada impidió la evacuación de la cabina durante el siniestro. La teoría de la defensa señala que la presencia de seis toneladas de cadena sobre la cubierta bloqueó los accesos de emergencia.
Este exceso de peso sobre la estructura habría impedido que los trabajadores salieran de la cabina ubicada bajo la parte visible del catamarán. La falta de aseguramiento de los elementos de carga fue un factor crítico en el accidente.
El siniestro ocurrió en el límite entre las comunas de Puerto Varas y Cochamó, específicamente en el centro de cultivos “Ralún del Este”. En la embarcación viajaban ocho trabajadores, de los cuales siete pertenecían a la empresa “Agua Santa”.
El octavo tripulante, uno de los dos sobrevivientes del naufragio, pertenecía a la empresa “Inversiones Proactiva LTDA”. El grupo realizaba maniobras operativas en la zona al momento de la tragedia.
Hasta la fecha, equipos de buzos han revisado el sitio del suceso para evaluar las opciones técnicas de recuperación. No obstante, la incertidumbre sobre quién debe financiar y ejecutar el rescate de la nave persiste. La situación mantiene bajo presión a las empresas involucradas mientras se definen las responsabilidades legales por la pérdida de vidas y el impacto ambiental en el estuario.
