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9 may 2026 · Actualizado 07:26 a.m. UTC
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Exdiputado Ojeda presenta querella contra fiscal de La Araucanía por presunto tráfico de influencias

El exparlamentario Mauricio Ojeda Rebolledo acusa al fiscal regional Roberto Garrido de solicitar 200 millones de pesos para una fundación sin seguir la ley de lobby.

Valentina Reyes

2 min de lectura

El exdiputado Mauricio Ojeda Rebolledo presentó una querella contra el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, por el delito de tráfico de influencias. La acción legal se interpuso en el frontis del Ministerio Público, donde el exparlamentario detalló las acusaciones contra la autoridad del Ministerio Público.

Ojeda, quien actualmente enfrenta una formalización por fraude al fisco en la arista Manicure del caso Fundaciones, sostiene que el fiscal solicitó una reunión de urgencia en el Gobierno Regional de La Araucación evadiendo la ley de lobby. Según la denuncia, dicha reunión se realizó en dependencias del GORE.

Durante el encuentro, el fiscal regional habría pedido "cerca de 200 millones de pesos al Gobierno Regional para una fundación", según expuso el exparlamentario a través de su secretaria institucional. Ojeda busca que se investigue el destino de esos fondos y si el fiscal hizo uso de su cargo para dicho requerimiento.

Como parte de la acción legal, el exparlamentario emplazó a Garrido a abrir voluntariamente su secreto bancario. También solicitó que se proceda con la requisa de sus teléfonos celulares y equipos electrónicos para esclarecer los hechos.

Formalización por fraude en Gobierno Regional

En una arista paralela, el Ministerio Público formalizó una investigación contra Marcelo Parra Muñoz, jefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía, por fraude de subvenciones. La investigación se originó tras una denuncia anónima recibida en 2023 relacionada con la Fundación Karukeché.

El fiscal Luis Arroyo señaló que el imputado habría postulado a un fondo municipal para un proyecto de reciclaje de plásticos que obtuvo poco más de 8 millones de pesos. Sin embargo, los antecedentes indican que "estos dineros recibidos no fueron destinados para la finalidad para la cual fueron entregados, sino que se utilizaron para fines particulares del imputado".

El tribunal acogió la solicitud fiscal y decretó arraigo nacional para Parra Muñoz, fijando un plazo de cuatro meses para la investigación. El Consejo de Defensa del Estado también presentó una querella contra el jefe de gabinete y contra el tesorero de la fundación, Luis Fuentes Lobos.

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