La Contraloría General de la República ha emitido un informe que identifica a 910 funcionarios públicos involucrados en actividades de apuestas en casinos. El documento revela que estos empleados incumplieron la prohibición establecida en la Ley 19.997 durante el periodo de enero de 2024 a junio de 2025. La autoridad fiscalizadora determinó que quienes administran fondos públicos no deben participar en juegos de azar bajo ninguna circunstancia. Este hallazgo marca una nueva alerta sobre la conducta ética de los servidores del Estado.
Los datos indican que se apostaron más de 11.490 millones de pesos chilenos en estos recintos durante el periodo analizado. Un grupo de 181 personas concentró el 96,8% de los montos totales, según el Vigésimo Consolidado de Información Circularizada. Las sumas involucradas no guardan relación con los niveles de remuneración reportados por estos funcionarios.
Un caso destacado involucra a un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile que habría jugado 1.040 millones de pesos. Este monto específico resalta la magnitud de las transacciones realizadas por algunos empleados específicos. El informe detalla que las transacciones ocurrieron entre enero de 2024 y junio de 2025.
La normativa vigente prohíbe las apuestas para quienes tienen a su cargo la administración y custodia de fondos públicos. Esta restricción busca garantizar el cuidado de los recursos y evitar conflictos de interés en entornos de riesgo. La omisión de la observancia de la norma genera dudas sobre el estándar de conducta en otros ejercicios de cargo.
El tenor de la ley sugiere que los montos apostados podrían indicar la comisión de delitos y no solo infracciones administrativas. El Ministerio Público dispone de los antecedentes para dilucidar si existen méritos para una persecución penal. El Consejo de Defensa del Estado también está involucrado en la revisión de estos casos.
Un total de 371 instituciones fueron oficiadas para disponer de los sumarios pertinentes por las infracciones administrativas. Estas entidades deberán despejar dudas sobre el comportamiento de los sumariados y aplicar las medidas correspondientes. Las sanciones pueden llegar hasta la destitución de los funcionarios involucrados en estas actividades.
Este informe se suma a alertas anteriores sobre funcionarios que viajaron al extranjero o asistieron a casinos con licencia médica. La Contraloría realiza cruces permanentes de información entre los registros existentes para detectar irregularidades futuras. La labor del ente contralor actúa como una señal disuasiva para el personal público.
El caso subraya la necesidad de reforzar los controles internos de las instituciones públicas y empresas del Estado. El cumplimiento de las normas fiscales y éticas es fundamental para la confianza en la administración chilena. La situación actual requiere una evaluación rigurosa de los estándares de gestión en el sector público.
Las autoridades deberán monitorear la evolución de los sumarios y las posibles acciones penales derivadas. La transparencia en el manejo de los recursos públicos sigue siendo un tema prioritario para la ciudadanía. El proceso de fiscalización continuará mientras se resuelvan las investigaciones pendientes.
