El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) perdió más de 23 millones de pesos en 211 vehículos decomisados que fueron sustraídos en Veracruz. Una auditoría interna del Órgano Interno de Control descubrió que doce de estos autos reaparecieron circulando en otras entidades con placas alteradas. Este hallazgo fue confirmado por una copia de la auditoría 2025-02-OIC-6-HKA-AFC-007 en posesión de El Universal.
Los hallazgos se publicaron en el reporte de auditoría 2025-02-OIC-6-HKA-AFC-007, cuyo resguardo posee el diario El Universal. El documento detalla que los vehículos, modelos Hummer, Jeep, Honda y GMC, fueron entregados al INDEP por el Poder Judicial antes de ser robados en diciembre de 2020. Estos modelos se encontraban en posesión de la federación cuando ocurrió el despojo.
Detalles del Despojo
El inmueble conocido como El Sardinero, en el puerto de Veracruz, fue despojado el 17 de diciembre de 2020 por un sindicato portuario. Además de los automóviles, la inspección encontró un contenedor que había sido transferido por la PGR en 2013, pero que se recibió abierto y vacío. El contenedor carecía de los sellos de seguridad requeridos para su transporte.
Las gestiones para recuperar los bienes se estancaron tras un incendio reportado en agosto de 2021 y amenazas contra el apoderado legal de la institución. Un informe de la empresa de seguridad Sepiver S.A. de C.V. confirmó en marzo de 2024 que los vehículos ya no se encontraban en el inmueble. El reporte fotográfico y video obtenido por un drone evidenció la ausencia total de los bienes asegurados.
"El registro del contenedor con el número 1988881, transferido por la entonces PGR en 2013; sin embargo, según acuerdo de aseguramiento, éste fue abierto por la PGR, por lo que se recibió vacío, abierto y sin sellos", indicó el informe de auditoría.
Riesgos en la Indemnización
El pago del siniestro se mantiene en trámite desde hace más de 550 días, lo que pone en riesgo la cobertura de la aseguradora si no se concluye en dos años. El OIC alertó que el monto determinado en el cuadro de pérdida asciende a más de 24 millones de pesos que la institución debe recuperar. La aseguradora podría negarse a cubrir el siniestro si no se finalizan los trámites a tiempo.
La situación expone las vulnerabilidades en la gestión de activos asegurados bajo la administración pública actual. Los auditores ordenaron presentar evidencia de los trámites ante la aseguradora y detallar el estatus de la carpeta de investigación en curso. Se solicitó un informe detallado que incluya el estatus de la documentación pendiente de entregar.
Así mismo, el OIC debe recibir evidencia de que los recursos fueron ingresados a la cuenta de la institución. Se requiere que las direcciones corporativas refuercen los mecanismos para dar seguimiento a los siniestros en trámite hasta su conclusión. La falta de resultados concretos genera desconfianza en la capacidad operativa del organismo.
Implicaciones para la Gobernanza
Este caso resalta la importancia de la transparencia en la recuperación de bienes, un objetivo central de la creación del INDEP. La falta de control sobre los vehículos decomisados genera dudas sobre la eficacia de las instituciones encargadas de devolverlos a la sociedad. La auditoría recomienda reforzar los mecanismos para dar seguimiento a los siniestros en trámite hasta su conclusión.
El retraso en la recuperación de activos públicos afecta directamente al erario nacional y a la percepción ciudadana de las instituciones. Los auditores señalan que es necesario integrar los datos más relevantes y los tiempos establecidos en los procedimientos. El seguimiento de esta investigación continuará siendo monitoreado por el Órgano Interno de Control.
