La alcaldía Miguel Hidalgo presentó este martes una denuncia penal contra el exalcalde Víctor Hugo Romo y su exdirector jurídico. El motivo es la presunta corrupción y el ejercicio abusivo de funciones durante la demolición ilegal de un inmueble en Moliere 88. La Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos recibió el expediente este fin de semana.
Contexto de la Reconstrucción
La acusación señala que el entonces alcalde permitió la destrucción de la propiedad sin los permisos correspondientes. El predio se encuentra bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción derivado del sismo de 2017. Según la fuente oficial, no existe expediente que demuestre el cumplimiento de licencias especiales.
En 2019, la Comisión para la Reconstrucción solicitó cumplir con requisitos específicos como pólizas de responsabilidad civil. La administración omitió exigir estos documentos antes de autorizar los trabajos de demolición. Esto generó un vacío legal que permitió la ejecución de la obra sin supervisión adecuada.
Incumplimiento Administrativo
El documento denuncia la simulación de la verificación de la obra durante el proceso administrativo. Aunque se emitió una orden de visita en 2020, la autoridad dejó pasar el plazo legal para su ejecución. El procedimiento caducó, lo que impidió sancionar al desarrollador por la ilegalidad reportada.
Víctor Hugo Romo conocía que el acuerdo vigente otorgaba exenciones fiscales pero no lo eximía de obtener licencias. El Reglamento de Construcciones establece las autorizaciones necesarias para intervenir inmuebles afectados por desastres. La omisión de estos trámites constituye el núcleo de la responsabilidad administrativa.
La alcaldía detalló que el entonces alcalde de la demarcación fue omiso al llamado que la Comisión para la Reconstrucción le hizo en 2019, donde se señalaba que la obra debía cumplir con la licencia especial.
Las sanciones penales por el ejercicio abusivo de funciones pueden oscilar entre cinco y 20 años de prisión. La pena podría aumentar en dos terceras partes si se acredita la comisión de actos de corrupción. El caso sigue en tribunales y depende de las pruebas recabadas por la fiscalía.
Romo actualmente se desempeña como diputado federal tras finalizar su periodo en la demarcación. Su situación jurídica se suma a las investigaciones previas sobre su gestión local. La alcaldía actual busca restablecer la normatividad en la reconstrucción de la zona.
Implicaciones Legales
Este caso resalta la importancia de la supervisión en obras de reconstrucción post-sismo en la capital. La transparencia en los procesos administrativos locales es crítica para evitar abusos de poder. El resultado de esta denuncia podría afectar la reputación de la administración anterior.
Las autoridades locales ahora revisarán los expedientes de otras obras similares en la demarcación. El objetivo es asegurar que no existan violaciones similares en proyectos recientes. La ciudadanía espera que se apliquen las sanciones correspondientes.
