Socios de la empresa Corredor Nueva Generación (Congesa) han anunciado que planean realizar bloqueos en el Circuito Interior, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como medida de presión ante un presunto fraude masivo. Los afectados señalan directamente a José García Lagunas, quien se ostenta ilegalmente como presidente del Consejo de Administración, de desviar recursos y dejar sin utilidades a cerca de 100 accionistas, de los cuales el 80 por ciento son adultos mayores.
Las acusaciones contra García Lagunas incluyen la venta no autorizada de autobuses, el intento de comercializar un inmueble corporativo y la operación de unidades sin permisos oficiales sobre el Corredor Circuito Interior. Esta ruta es considerada estratégica, ya que conecta puntos neurálgicos de la capital como el AICM, Tacubaya, el Metro La Raza y el Metro Juanacatlán. "Estamos desesperados, se supone que el gobierno de la Ciudad de México nos apoya, pero nos han ignorado", declaró uno de los afectados, quien solicitó el anonimato por temor a represalias tras recibir amenazas.
Congesa fue constituida oficialmente en 2012 como un Corredor Concesionado destinado a modernizar la Ruta 03. El proyecto original sustituyó 240 microbuses y camiones por 102 autobuses de alta capacidad, convirtiendo a los antiguos transportistas en accionistas con derecho a recibir dividendos mensuales. Sin embargo, los socios denuncian que la gestión actual ha colapsado el modelo de negocio, privándolos de sus rendimientos económicos.
Los accionistas confirmaron que han expuesto su caso ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y ante la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. A pesar de estas gestiones, los inconformes aseguran que no han recibido soluciones concretas que regulen el funcionamiento de la concesionaria, lo que ha motivado la amenaza de movilizaciones en las inmediaciones del aeropuerto capitalino.
Por su parte, la SEMOVI informó que ha atendido a los afectados en cuatro reuniones distintas. No obstante, la dependencia precisó que carece de facultades legales para intervenir en el conflicto, al tratarse de una disputa financiera entre particulares.
"Respecto a las denuncias por presuntos impagos, la SEMOVI no tiene atribuciones para fiscalizar los ingresos de las empresas de transporte público concesionado", detalló la dependencia en un comunicado. La autoridad enfatizó que, al ser un asunto en materia civil y mercantil, los reclamos deben ser dirimidos ante las instancias jurisdiccionales competentes para que se determine la legalidad de la administración de García Lagunas.
