El Partido Nacional Libertario confirmó este lunes que iniciará una acusación constitucional contra la exministra de Salud, Ximena Aguilera. La medida surge tras un informe de la Contraloría que señala gestiones irregulares durante la internación de su madre en el sistema público. Este paso político busca sancionar presuntos abusos de poder y faltas de probidad en el ejercicio del cargo.
Hans Marowski, diputado y presidente de la bancada, explicó que la decisión responde a la obligación de denunciar el incumplimiento de deberes constitucionales. Según indicó el parlamentario, el texto legal ya está avanzado y se buscan las firmas necesarias para formalizar el trámite ante la Cámara de Diputados. La colectividad ya tiene definidos los argumentos para sostener la solicitud ante el Congreso.
El motivo central de la denuncia es la atención médica preferente que recibió el familiar de la exfuncionaria en el Hospital del Salvador durante el mes de diciembre. La Contraloría detectó llamadas telefónicas desde el Ministerio de Salud que habrían acelerado el procedimiento sin seguir estrictamente el orden de prioridad establecido. Estas gestiones habrían ocurrido sin respaldo técnico o médico que justificara el avance en la lista de espera.
Johannes Kaiser, presidente de la colectividad, destacó la gravedad del caso al mencionar una muerte en la lista de espera mientras la cirugía se realizaba. Señaló que priorizar un caso por influencias internas tiene consecuencias letales para otros pacientes que aguardan tratamiento en condiciones de vulnerabilidad. El incidente pone en jaque la confianza ciudadana en la equidad del sistema de salud nacional.
Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de diciembre, cuando la madre de Aguilera ingresó por una fractura de cadera que requirió intervención urgente. El procedimiento quirúrgico se realizó diez horas después del ingreso, según detalló la publicación original de referencia sobre los hechos ocurridos en la capital. La demora en la atención de otros pacientes contrasta con la celeridad lograda por la gestión telefónica del ministerio.
La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades penales por el manejo de la lista de espera y posibles delitos de cohecho. Este proceso complementa la acción política que busca retirar la inmunidad parlamentaria o responsabilizar a la exministra en su rol anterior como titular del sector. Ambas instancias deben avanzar de manera paralela para garantizar la transparencia en los resultados.
El caso se enmarca en un debate sobre la equidad del sistema de salud público en Chile y la percepción de privilegios por parte de las autoridades. Casos similares han generado críticas previas sobre la gestión de recursos en momentos de alta demanda hospitalaria y escasez de camas disponibles. La sociedad exige respuestas claras sobre cómo se asignan los recursos en el sistema público de salud.
La acusación constitucional requiere ser aprobada por la Cámara de Diputados para ser juzgada posteriormente por el Senado y definir el destino político de la exfuncionaria. Si procede, la exministra podría enfrentar sanciones políticas que limiten su capacidad para ejercer cargos públicos en el futuro cercano. El proceso judicial es complejo y establece plazos específicos para cada etapa del juicio político.
El gobierno actual ha mantenido una distancia prudente respecto a la denuncia para no politizar excesivamente el caso en medio de la crisis sanitaria. Sin embargo, la oposición busca utilizar el episodio para reforzar sus posturas sobre la regulación sanitaria y la transparencia en las gestiones públicas. La tensión política podría aumentar si se confirman nuevos detalles sobre la red de influencias en el ministerio.
Se espera que el debate en el Congreso comience en las próximas semanas una vez que se complete el recuento de firmas y se presente el texto definitivo. La comunidad médica y la sociedad civil observarán con atención el desenlace del proceso legal para evaluar si existen cambios normativos. El resultado definirá la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la probidad en el Estado.
