El Congreso de Sinaloa aprobó este sábado 2 de mayo la solicitud de licencia temporal presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya. Con esta decisión, el recinto legislativo designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de la entidad.
La separación del cargo de Rocha Moya ocurre tras las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vincula al mandatario y a otras nueve personas con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como 'Los Chapitos'.
El gobernador, integrante de Morena, presentó su solicitud la noche del viernes 1 de mayo. En un mensaje dirigido a la población, Rocha Moya negó los señalamientos y justificó su ausencia para permitir las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra“, afirmó el gobernador, según reportó El Financiero.
El debate sobre el fuero y la presión política
A pesar de la licencia, la oposición ha cuestionado la medida, señalando que el gobernador conserva su inmunidad procesal. Según información de El Financiero, la Constitución Política de Sinaloa permite que un mandatario mantenga su fuero constitucional incluso durante una licencia temporal, lo que dificultaría una detención inmediata.
La senadora morenista Guadalupe Chavira fue una de las voces que instó al gobernador a dejar el cargo de forma definitiva. En una carta publicada por El Universal, la legisladora argumentó que Sinaloa no puede permanecer en un estado de parálisis institucional debido a la gravedad de las acusaciones internacionales.
“Por ello, de manera firme, institucional y responsable solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa“, expresó Chavira, subrayando que la separación del cargo debe permitir que las investigaciones avancen sin interferencias.
Antecedentes de irregularidades electorales
El caso de Sinaloa se suma a un contexto de tensiones por la presunta injerencia del crimen organizado en procesos electorales. Un documento entregado por la coalición Va por México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostiene que un patrón de 'narcoelecciones' se ha replicado en otros seis estados del país.
De acuerdo con el informe difundido por El Universal, este modus operandi habría permitido victorias de la oposición o de Morena en estados como Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato mediante el uso de la coacción y la violencia.
En Michoacán, el documento detalla testimonios de representantes de casilla que fueron amenazados por hombres armados para manipular las actas de votación. La denuncia ante la OEA describe una estrategia de 'operaciones quirúrgicas' por parte de grupos del crimen organizado para asegurar resultados políticos específicos en diversas regiones de México.
